Gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil instan a la Cámara de Diputados a revisar detenidamente el proyecto de ley que busca controlar a las organizaciones sociales sin fines de lucro y consensuar con los diferentes sectores de la sociedad un marco normativo que fortalezca la democracia y desarrollo económico.
“Este proyecto, cuyo objeto de aplicación y definiciones resultan amplias y genéricas, buscan dotar de un marco de transparencia incluso a fondos privados de origen nacional cuando, bajo supuestos muy ambiguos, se vinculan con actividades o competencias del Estado”, señalan.
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Asimismo, indican que el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, a través de una declaración de principios, menciona que el Estado debe promover la libertad de asociación y aplicar medidas proporcionadas de registro, control y sanción.
En este momento crítico para Paraguay, debemos demostrar previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras al mundo. Promover leyes que restrinjan principios fundamentales de una democracia participativa y pluralista podría alejarnos del grado de inversión y de una imagen… pic.twitter.com/q49RB19T76
— Instituto de Derecho y Economía Ambiental - IDEA (@InstIDEA) July 17, 2024
“Entre sus principios, refiere que las entidades civiles sin fines de lucro tienen la libertad de buscar, solicitar, obtener y utilizar financiamiento para el logro de sus objetivos sociales, tanto de fuentes públicas como privadas, nacionales o extranjeras”, mencionaron.
Por lo tanto, consideran que es fundamental destacar que la imposición de multas desproporcionadas y requisitos de este proyecto de ley socavan derechos constitucionales y crean un entorno asfixiante.
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“Al imponer barreras excesivas y sanciones severas, se desincentiva la creación y operación de organizaciones sin fines de lucro, limitando de facto la libertad de asociación y expresión”, resaltan.
Entre tanto, estamos de acuerdo en que las organizaciones sin fines de lucro deben tener políticas de transparencia, como divulgar el origen de los fondos, los proyectos, los fines estatutarios y la identificación de los directores y financistas. Sin embargo, sostienen que exigir detalles de contratos y facturas compromete el patrimonio documental privado y los derechos de privacidad.
“La transparencia debe ser una herramienta de los particulares frente al Estado, no una herramienta del Estado contra los particulares”, recalcan.
A su vez, expresan que las regulaciones podrían llevar a la desaparición de muchas organizaciones y fomentar la autocensura, afectando negativamente la participación ciudadana. “Es esencial recordar que, según Moody’s, una sociedad civil fuerte es un indicador clave de gobernanza y fundamental para alcanzar el grado de inversión”, exponen.
De igual manera, manifiestan que en este momento crítico para Paraguay, el país debe demostrar previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras al mundo.
“Promover leyes que restrinjan principios fundamentales de una democracia participativa y pluralista podría alejarnos del grado de inversión y de una imagen positiva ante la comunidad internacional”, advierten.
Finalmente, remarcan que la transparencia y el control son esenciales, pero no deben confundirse con la censura y la inhibición del trabajo de las organizaciones que contribuyen al bienestar social. “Una revisión cuidadosa del proyecto es fundamental para evitar repercusiones negativas en los principios democráticos, las relaciones internacionales y el desarrollo económico de Paraguay”.
