La bancada del movimiento Honor Colorado (HC), junto a sus aliados, nuevamente impuso su cómoda mayoría en el Senado para aprobar el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
Con 34 votos a favor por el documento en general y 9 en contra dieron su aprobación en general a la propuesta legislativa, para luego, en el tratamiento en particular, dar finalmente su media sanción al proyecto.
Inicialmente, se intentó postergar el tratamiento por 15 días a pedir de la senadora Lilian Samaniego (ANR-independiente), pero el acompañamiento no fue suficiente. Éver Villalba (PLRA) hizo lo propio y tampoco prosperó la idea. Incluso, la disidente colorada Blanca Ovelar, instó a consensuar previamente con organizaciones, pero tampoco fue escuchada.
La iniciativa fue fuertemente cuestionada por los sectores sociales, por la falta de un debate y la violación a la Constitución Nacional y tratados internacionales. Incluso, a criterio de las oenegés, se busca restringir la participación ciudadana en asuntos públicos.
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El registro nacional de carácter obligatorio; la injerencia en bienes privados; la rendición detallada de las cuentas cada seis meses y las sanciones confiscatorias y desproporcionada son los principales cuestionamientos.
El senador Derlis Maidana (ANR-HC), uno de los proyectistas y presidente de la Comisión Legislación de la Cámara Alta, dijo que es un “día histórico” para el control y transparencia de las oenegés.
Mientras que la legisladora Esperanza Martínez, por su parte, cuestionó si el alcance de la ley es solo para aquellas “que están molestando a algunos actores del Gobierno o van a estar todos”.
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Los proyectistas oficialistas Gustavo Leite y Lizarella Valiente mostraron artículos periodísticos del pasado, que mencionaban la falta de control a las ONG. El primero, señaló que es es una “ley necesaria” porque la gente “tiene que saber en qué se usa el dinero”. Posteriormente, el también cartista Juan Carlos Nano Galaverna se unió al mismo discurso.
Con un video, Valiente sostuvo que las oenegés se “entrometen” en asuntos públicos para introducir a la sociedad la “agenda pro aborto e ideología de género”, además denunció que fueron los que estuvieron detrás de la campaña #ANRNuncaMás y apunto al respecto a la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (Tedic).
Esperanza Martínez (FG) lamentó que se apunte contra las organizaciones por “marcar la línea política” y con el mismo tenor no se haya medido a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Llamó “ley garrote” y “antipensamiento crítico” al proyecto. Coincidió con Rafael Filizzola (PDP). Ignacio Iramain (PDP) lo comparó con la dictadura stronista y vertió que “hay intención de control policíaco”.
“Es un proyecto autoritario”
El legislador Eduardo Nakayama (independiente) sostuvo que la propuesta atenta contra la libertad de asociación establecida en la Constitución Nacional y tratados internacionales suscritos y ratificados por Paraguay y subrayó que el objetivo es el “aniquilamiento” de la sociedad civil por ley.
“Es sumamente grave este ataque a las libertades. Están buscando acallar las voces sociales. En vez de sumarles libertades a los paraguayos, queremos seguir restringiéndoles las libertades que han ganado con muchos sacrificios”, expresó.
Éver Villalba (PLRA), a su turno, aseguró que ahora el Gobierno “van en contra de las organizaciones civiles organizadas” y que el verdadero plan es la “estigmatización” y “señalamiento” de las personas vinculadas a las oenegés.
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Yolanda Paredes (PCN) criticó a los oficialistas por hablar solo del dinero que solventa las campañas de la disidencia; lanzó sin embargo, que no se ofenden cuando los ministerios del Estado acompañaron la campaña política de Santiago Peña. “Estar en contra del Partido Colorado es el pecado de la ciudadanía”, subrayó. Cuestionó al oficialismo por “mezclar todo” en la ley al no discriminar las oenegés, comisiones vecinales, comunidad LGBTQ+ y otros grupos sociales.
Desde su curul, el presidente del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez (ANR-HC) refutó los argumentos sobre la falta de debate al señalar que el proyecto de ley ya se presentó el 6 de noviembre del año pasado, alegando que ya tenía bastante tiempo para excusarse.
“Control y rendición de cuenta es igual a transparencia. ¿Cuánto ya se robó en nombre de los niños, niñas, mujeres, indígenas, campesinos y hasta en nombre de la política. ¿Cuánto se robó? Millones y millones de dólares”, agregó y afirmó que los senadores son los contralores.
Estudio en particular del proyecto
Una vez aprobado en general el proyecto de ley, se procedió al estudio en particular de artículo por artículo del proyecto de ley, donde se cuestionó principalmente el primero, que incluye como objeto a las organizaciones sin fines de lucro que reciben y administran fondos privados e internacionales.
El senador Enrique Salyn Buzarquis se expidió sobre el término “exclusivo” en el primer artículo y fue secundado por su colega José Oviedo, mientras que el senador Derlis Maidana, titular de la Comisión de Legislación, anunció que se ratifican en su dictamen de aprobación con modificaciones.
Fue así que el pleno aprobó el primer artículo con las modificaciones sugeridas por la Comisión de Legislación y el senador Buzarquis.
Pese a las sugerencias de modificaciones de los diferentes artículos del proyecto por representantes de la oposición, se aprobaron los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de la versión de la Comisión de Legislación.
En tanto, el senador Dionisio Amarilla sugirió modificaciones al artículo 9.
Seguidamente, se aprobaron los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, según el texto de la Comisión de Legislación.
De este modo, se aprobó con modificaciones el proyecto de ley, el cual pasa ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
