Pero, si analizamos bien lo que señala el extenso libro, realmente es cierto que en los últimos tiempos, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, efectivamente, abrió investigaciones contra jueces y fiscales a raíz de publicaciones periodísticas.
Esta situación, evidentemente, hace que el poder de la prensa también sea usado por algunos inescrupulosos como un método de presión sobre jueces y fiscales, y hasta de corrupción por parte de ciertos medios de comunicación.
El principal problema está en que, al abrirse una investigación en el JEM en un caso que aún no concluyó, que está en plena investigación o en la etapa de juicio oral y público, incluso en la etapa de recursos, hace que exista un juicio paralelo ante el Jurado de Enjuiciamiento, sobre el mismo tema.
Esto por supuesto condiciona totalmente a los jueces y fiscales, en las decisiones que van a tomar, ya que tienen la espada de Damocles encima, ante cualquier resolución que dicten en la causa. Con ello, ¿cómo vamos a hablar de independencia judicial?
Para ser más explícitos, por ejemplo, si un juez dicta el sobreseimiento de un procesado, digamos que con argumentos válidos, pero se publica que hubo “blanqueo”, y el JEM abre la investigación en su contra, cómo creen que el Tribunal de Apelación va a resolver si el magistrado que dictó la resolución ya está enjuiciado. Es evidente que lo van a anular, no importan los fundamentos.
Por supuesto que lo que digo sobre la independencia judicial y las resoluciones correctas se deben dar dentro de un régimen en el que los magistrados y fiscales sean honestos y guíen sus actuaciones de acuerdo con la ley, que es lo ideal.
“Las distorsiones se dan normalmente por influencia política, económica, amiguismo, presión de la prensa y otras venalidades que en muchos casos, vacían el ejercicio de la función del Ministerio Público e incluso a la labor jurisdiccional. En todos estos casos, existiría responsabilidad civil conforme a los principios generales que domina la materia”, agrega el libro de Obligaciones.
El “gobierno de la prensa“, como lo califica el ex ministro Bonifacio Ríos Ávalos en su libro de Derecho Civil , hace que “en el mundo actual es una nueva venalidad, venalidad que afecta a los ciudadanos que ordinariamente no tienen acceso a los medios de prensa”.
Lo que pasa es que soy un convencido de que no se pueden generalizar. Es decir, no puede ser que todos los jueces, fiscales, abogados, policías, legisladores, ministros sean corruptos. No podemos generalizar. Creo que hay varios que son patriotas y trabajan bien.
Además, a esto se suma que el artículo 248 de nuestra Constitución, señala: “En ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo n los juicios. Actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable”.
Acaso no se presiona en los casos que están en curso cuando se abre una investigación por una publicación periodística. Por esto es que es perjudicial abrir una causa sin que concluya el proceso porque atenta contra la independencia judicial.
Lamentablemente, la falta de credibilidad de las instituciones, algo que va minando la democracia, especialmente, el Poder Judicial hace que se tomen este tipo de decisiones, más con el ánimo de agradar a la ciudadanía y, principalmente, a la prensa que por estricta justicia.
