Esto da la cifra de 6 por día, lo que va en incremento, por la carencia de fármacos, especialmente oncológicos que se tiene, por lo que el Poder Judicial dicta sentencias que obligan a proveer a los enfermos.
Es más, según los datos que proporcionó el defensor del Pueblo, en los últimos cinco meses del 2025 (agosto a diciembre), se presentaron 1.360 amparos contra la citada secretaría de Estado, lo que da la pauta que existe una necesidad de estas medicinas.
Ávila señaló que realizaron un pedido a la ministra de Salud, María Teresa Barán, para que informe acerca del cumplimiento de las resoluciones dictadas por los jueces para la provisión de los remedios a los pacientes que los solicitaron a través de las garantías constitucionales.
Según refirió Ávila, el 95% de los pedidos son para la obtención de medicamentos oncológicos, y el resto, el 5 %, son para que los pacientes ingresen a la unidad de terapia intensiva (UTI), o algún otro servicio de salud.
Explicó que también existen acciones de amparos contra el Instituto de Previsión Social (IPS), pero son muy pocos. Esto da la pauta de que la mayoría de los accionantes no son asegurados del sistema de seguro social obligatorio.
INFORMES. Rafael Ávila indicó que solicitaron informes del cumplimiento de los amparos, ya que tuvo varias denuncias en las que pasaron más de 3 a 5 meses, sin que les sean proveídas las medicinas recetadas.
En algunos casos, los pacientes ya fallecieron cuando llegaban los fármacos y, en otros casos, ya los médicos cambiaron los medicamentos, porque ya no les servían, a la fecha en que eran entregados.
No descartó incluso solicitar la remisión de los antecedentes a la Fiscalía para que inicie una investigación por supuesto desacato a una orden judicial teniendo en cuenta que no se cumplieron. No obstante, aclaró que primero necesitan los datos acerca del cumplimiento o no.
Aclaró, además, que los medicamentos son del Ministerio de Salud y no de los pacientes. Esto, para que, en caso de que los personas no los hayan utilizado para que sean devueltos y les den a otros que necesiten, y no sean comercializados por los familiares.
Remarco también que los plazos dados por los jueces en los amparos, en varios casos eran de cumplimiento imposible, de 48 a 72 horas, ya que con cada pedido, se debía realizar una licitación para la compra.
Abogó porque, ante la cantidad de pedidos, el Ministerio de Salud trate de tener en stock los medicamentos para no tener que recurrir a los amparos.
