El Gobierno anunció este viernes que presentará un proyecto de ley para modificar el artículo 173 del Código Penal, que castiga la sustracción de energía eléctrica, con el fin de luchar contra las conexiones ilegales realizadas, en su mayoría, por establecimientos de criptominería.
La iniciativa del Poder Ejecutivo es establecer una pena máxima de 10 años de cárcel para los que cometan este ilícito.
Actualmente, la pena para este delito es de tres años de cárcel con multa. Con el proyecto que será presentado al Congreso, se establece que los que sustraen energía eléctrica en baja tensión, de hasta 1000 voltios, recibirán una pena de cárcel de 5 años y multa.
Los que cometan el ilícito utilizando media tensión o niveles superiores, serán castigados con una pena de 10 años de cárcel más multa complementaria, señalaron en una conferencia de prensa encabezada por Paula Carro, vocera de la Presidencia.
El proyecto también completa la incautación y el comiso de los bienes de los responsables de los establecimientos clandestinos, pudiendo la ANDE solicitar el uso provisional de los bienes incautados y beneficiarse con lo recaudado por el comiso.
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El ingeniero Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que también formó parte del anuncio, afirmó que este proyecto de ley es necesario para evitar millonarias pérdidas económicas que sufre la entidad estatal por las conexiones clandestinas.
Sosa refirió que cada año realizan, junto al Ministerio Público, varias intervenciones en los centros ilegales de criptominería que funcionan en varios puntos del país.
“Este año hemos realizado 17 intervenciones de gran magnitud que representan más de 50 megavatios de potencia desconectadas, eso significa que tenemos muchas conexiones directas y necesitamos que haga una herramienta legal que castigue conexiones irregulares y el robo de energía eléctrica”, manifestó.
Energía renovable
Las autoridades también anunciaron un segundo proyecto para modificar varios artículos de Ley 6977/2023, con el que buscan regular “el fomento, generación, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables no convencionales”.
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Este proyecto introduce una innovación del plazo de los contratos con inversionistas, generadores, transportistas, exportadores de energías no convencionales con la ANDE, que actualmente es de 15 años y se pretende elevar a 30 años.
“Se vio que era necesaria una modificación que asegure mayor interés de inversionistas del sector eléctrico”, explicó Paula Carro.
Paraguay se encuentra en el foco de atención de inversionistas de todo el mundo, ya que las cargas impositivas son las más bajas del continente, según manifestaron los representantes del Gobierno.
