El ministro del Interior, Federico González, acompañado por el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, recibió en la mañana de este sábado a las diputadas Rocío Vallejo y Kattya González, quienes solicitaron ampliar el protocolo de seguridad, tras denunciar al defensor del Pueblo, Miguel Godoy, por supuestas amenazas para plantar drogas.
González informó en la mañana de este sábado, en una conferencia de prensa, que las diputadas solicitaron garantías al Gobierno y aseguró que se les brindarán todas las herramientas institucionales correspondientes.
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Al ser consultado qué tipo de garantías tendrán las denunciantes, mencionó que todo lo que implique mayor seguridad para ellas de acuerdo con lo solicitado y lo que corresponda. Agregó que se están analizando todas las medidas y el acompañamiento en lo concerniente al caso en el marco de la ley.
Por último, el ministro mencionó que las diputadas presentaron elementos contra Godoy ante el Ministerio Público; sin embargo, evitó dar detalles de ellos.
Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, manifestó que no pueden socializar cuántos custodios tienen las legisladoras y que en este momento deben priorizar todas las informaciones que vienen manejando y, sobre todas las cosas, la seguridad de cada una de ellas.
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“Nosotros hemos tomado con mucha seriedad. Por eso se ha tomado una denuncia en ese mismo acto. En el Congreso se ha tomado una denuncia formal, se ha comunicado al Ministerio Público y está designada una agente fiscal para que se siga la causa”, expresó.
La diputada Kattya González manifestó, a través de su cuenta en la red social Twitter, que recibieron el apoyo y el compromiso institucional para acelerar la investigación con relación a las “amenazas, abusos y amedrentamientos realizados por Godoy contra decenas de mujeres, incluyéndonos a nosotras”.
“Los abusos y hechos de violencia no quedarán impunes”, expresó.
Más detalles de la denuncia
González denunció el miércoles pasado ante la plenaria de la Cámara de Diputados una supuesta amenaza del defensor del Pueblo, Miguel Godoy, quien estaría, según la acusación, detrás de un plan para plantar drogas, no solo en el vehículo particular de González, sino en los de otros colegas suyos que también firmaron el libelo acusatorio para enjuiciar políticamente al funcionario estatal.
Solicitó protección policial y el inicio de una investigación para corroborar o desechar las versiones de que personas innominadas se encontraban solicitando, en el transcurso de la mañana, información sobre los vehículos que utilizan determinados parlamentarios y sus respectivos familiares.
“Tenemos información certera de que existe un plan para plantar drogas en nuestros vehículos; pido a la Policía Nacional que tome notas, porque, en estas condiciones, no existe ninguna garantía para desarrollar el juicio político en contra del defensor del Pueblo”, expresó.
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La intención, según la denuncia, es amedrentar a los diputados, principalmente a los firmantes del documento, para que desistan de su intención de promover el enjuiciamiento político.
Recordemos que, con la venia de la plenaria, personal policial de Antisecuestro se hizo presente en la sala de sesión para tomar nota de la denuncia que la parlamentaria realizó ante el plenario.
La legisladora exhibió como prueba un video en donde se ve a Godoy advirtiendo sobre una querella penal en contra de la diputada González, a quien calificó de “torpe”.
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“Lo que nos queda hacer es enviar una escribana y que labre un acta de lo que pueda decir y, posterior a eso, una demanda civil contra el rollo. Esos G. 9.000 millones que tiene en su patrimonio le voy a sacar todito. Demasiado abogado soy para ella”, se le escucha decir a Godoy.
Otros legisladores, como el diputado Édgar Acosta (PLRA, Central), se solidarizaron con su colega y aseguraron que el funcionario estatal no puede quedarse un minuto más en el cargo.
El presidente de la Cámara Baja, Carlos María López, ya convocó para el próximo lunes 26 de setiembre a una sesión extraordinaria para analizar el libelo acusatorio del titular de la Defensoría del Pueblo, que contiene denuncias de malversación, cobro indebido, abuso de poder, misoginia y acoso.
