El Ministerio Público investiga el hecho, pero el rechazo judicial a una solicitud de allanamiento impidió ingresar al establecimiento para verificar los químicos utilizados.
Con deudas que pagar y sin la cosecha con la que esperaban recuperar su inversión, pequeños agricultores de las comunidades 3000 y 6000 Defensores del Chaco, distrito de Guajayví, Departamento de San Pedro, exigen reparación por los daños que atribuyen a las continuas fumigaciones realizadas en la estancia San Pablo.
Según los denunciantes, ciudadanos brasileños que explotan una extensa plantación de soja dentro del establecimiento realizan aplicaciones de productos químicos mediante drones y tractores, sin ninguna barrera de protección que impida que las sustancias alcancen las parcelas colindantes.
Los productores aseguran que sus cultivos de piña, locote y tomate quedaron destruidos. Uno de los afectados reportó la pérdida de más de 100.000 plantas de piña, mientras que otro denunció que perdió toda su producción de locote y tomate.
Aunque todavía no se cuenta con una cuantificación definitiva, las pérdidas denunciadas son millonarias. Para estas familias, el perjuicio también significa quedarse sin los ingresos previstos para saldar préstamos, cubrir el alquiler de terrenos y financiar una nueva siembra.
Los agricultores explicaron que se endeudaron para cultivar y que algunos arrendaron parcelas con la expectativa de sostener a sus familias mediante la venta de la cosecha. Ahora, según sus testimonios, quedaron sin producción comercializable y con compromisos económicos pendientes.
Investigación encuentra un obstáculo judicial.
Tras intentar sin éxito conversar con Joao Lorini, supuesto administrador de la estancia San Pablo, los afectados presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público de San Estanislao. El fiscal Cristian González inició las diligencias y solicitó una orden de allanamiento para ingresar al establecimiento y verificar qué productos químicos se utilizan en las fumigaciones. Sin embargo, el juez Omar Segovia rechazó la solicitud.
Según la información proporcionada, esta decisión impidió realizar la inspección requerida por la Fiscalía para avanzar en la comprobación de los hechos denunciados. No se conocen los fundamentos del rechazo judicial.
En el marco de la investigación, el encargado o administrador de la estancia, identificado como João, fue intimado en dos ocasiones a presentar los permisos que habilitarían las fumigaciones. De acuerdo con la información suministrada, hasta el momento no presentó la documentación solicitada.
Exigen respuestas y anuncian una medida de fuerza
Los vecinos reclaman que se permita avanzar con la investigación, se determinen las responsabilidades y se reparen los daños. Ante la falta de respuestas, anunciaron que realizarán una medida de fuerza.
Su preocupación inmediata es cómo afrontar las deudas después de perder los cultivos en los que invirtieron dinero y meses de trabajo. Sostienen que las fumigaciones continúan y exigen medidas para proteger sus parcelas.
La relación entre las aplicaciones de químicos y los daños denunciados deberá establecerse mediante las diligencias y verificaciones técnicas correspondientes.
Intentamos conversar con el responsable del establecimiento Joao Loroni, pero no contestó las llamadas ni mensajes.
