En el penúltimo día del año, el Gobierno nos sorprendió con el anuncio de la reforma de la Caja Fiscal. En realidad, no fue una sorpresa, pues es algo de lo que se hablaba hacía más de dos décadas. Negar la necesidad de iniciarla sería sufrir de ceguera financiera, pues los números no mienten. Su déficit anual es de más de USD 300 millones.
Fue postergada por tantos años porque será previsiblemente dolorosa. Arrancar el 2026 con una reforma de jubilaciones es, como mínimo, una forma “audaz” de garantizarse un verano caliente en las calles. El proyecto afectará, sobre todo, al sector docente, que representa a casi la mitad de los beneficiarios y una gran parte del agujero fiscal. No solo deberán aumentar su aporte del 16% al 19%, sino que no podrán jubilarse antes de cumplir los 57 años. Los gremios docentes tienen una gran fuerza de movilización y considerarán estos cambios como una traición a sus “derechos adquiridos”. Habrá, con seguridad, marchas en el centro de Asunción y clases suspendidas.
El otro sector con un déficit desmedido –más del 60%– es el de los militares y policías, que se jubilan jóvenes y con el sueldo del activo. El proyecto pretende establecer una edad mínima y una nueva forma de cálculo. Aunque su estructura “vertical” les impide ir a la huelga, el malestar en los cuarteles y comisarías será palpable y se traducirá en los gritos de esposas y retirados, que sí pueden protestar.
Estos obstáculos son tan temibles como previsibles. Por eso, el Gobierno debería estar abierto al diálogo con los afectados, algo que hasta ahora no ocurrió. Eso todavía puede corregirse en el ámbito legislativo, aunque nunca es lo mismo “buscar acuerdos” sobre un proyecto ya redactado que participar de mesas de co-creación de la reforma. Si se impone la aplanadora cartista sin suficiente discusión, como suele suceder, la resistencia callejera podría ser inmanejable.
En estos temas, la equidad es clave. El pueblo se indigna cuando siente que el sacrificio no es parejo. Este es el talón de Aquiles de este proyecto: no se atreve a tocar el absurdo régimen de la Caja Parlamentaria. ¿Con qué autoridad moral se puede exigir sufrimiento a los trabajadores, mientras los legisladores mantienen el privilegio de jubilarse con solo diez años? La persistencia de esa “jubilación vip” será un argumento de hierro contra la iniciativa del Gobierno y se convertirá en una grieta por donde se escapará la legitimidad de este proyecto.
Existe, además, una histórica falta de confianza en el aporte estatal. El mismo Estado, que ya tiene una deuda de USD 650 millones con el IPS por aportes del 1,5% que nunca honró, pretende que le creamos que contribuirá con un 3%.
Por último, hay que considerar el timing electoral. El 2026 es un año de elecciones municipales y el debate sobre una reforma –que inexorablemente será calificada de “antipopular”– se contaminará por intereses partidarios. No hay que perder de vista que las reformas de los sistemas de pensiones desataron crisis políticas profundas en países cercanos.
En el 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, en Buenos Aires se vivieron jornadas de violencia extrema frente al Congreso, cuando se cambió la fórmula de actualización de las jubilaciones. El costo político fue altísimo y las protestas marcaron su irrecuperable caída en las encuestas. Al año siguiente, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega anunció por decreto un aumento del aporte de los trabajadores y un recorte en las pensiones de los jubilados que se convirtió en un estallido social nacional que dejó cientos de muertos por la represión.
Por eso, si el Ejecutivo no actúa con inteligencia política, demostrando que el sacrificio es de todos, se podría estar comprando un conflicto social de proporciones épicas. De todos modos, ha tomado una decisión que ya no se podía postergar: abrir esa caja y ver qué hacemos con lo que hay adentro.
