El presidente Santiago Peña se destacó desde el inicio de su Gobierno por la importancia concedida a la política exterior, buscando posicionar a Paraguay como actor geoestratégico. Su apuesta respondía a la necesidad, ya identificada en planes nacionales anteriores, de dar mayor visibilidad al país y a sus oportunidades. En buena medida, ese objetivo de “hacer conocer al Paraguay” se ha cumplido, con sus luces y sus sombras.
Su diplomacia presidencial se ha desarrollado en un contexto internacional turbulento: La guerra entre Ucrania y Rusia, el conflicto Hamas–Israel, el genocidio en Gaza, el ascenso del sionismo más extremo en Israel, el retorno de Donald Trump al poder en Estados Unidos y ahora la guerra en el Golfo Pérsico.
Aun en esas circunstancias, el presidente ha optado por ampliar el arco de intervenciones, calculando que ni la unilateralidad estadounidense ni el debilitamiento del orden internacional basado en reglas presentaban riesgos si se mantenían compromisos firmes con Taiwán, Israel y el corolario trumpista de la doctrina Monroe. Así pues, se ha sumado de manera entusiasta a iniciativas como la Junta de la Paz y el Escudo de las Américas. También abrazó un nuevo orden de seguridad hemisférico, apoyando la designación de carteles como organizaciones terroristas y firmó el Special Operation Forces Agreement con Estados Unidos.
El Gobierno ha combinado este alineamiento más político con una línea más pragmática y abierta orientada a atraer inversión extranjera directa y abrir mercados en India, Finlandia, España, Japón, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos. Impulsó, además, el acuerdo Unión Europea–Mercosur y el tratado Mercosur–Singapur.
En ambas vertientes, el presidente ha justificado sus esfuerzos argumentando que todo apunta a atraer le inversión extranjera directa (IED) y abrir nuevos mercados. Como respaldo, sus mensajes claves han girado en torno a la estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, un sistema tributario simple y la disponibilidad de energía hidroeléctrica limpia. Sumándole a ello el logro del grado de inversión otorgados por Moody’s y Standard & Poor’s.
Un indicador clave para medir si esta política ha sido exitosa es la inversión extranjera directa. Lastimosamente, la medición no es fácil de establecer y de lo que hemos podido investigar el Banco Mundial, que usa los datos del BCP, muestra que el flujo de IED (el indicador más útil), creció entre 2020 y 2023 de 0,8% del PIB al 2,6% , para luego bajar levemente a 2,5% en 2024. Para evaluar el impacto real de la diplomacia presidencial desde esta perspectiva será necesario observar los datos de 2025. Lo que sí se ha verificado es la apertura de nuevos mercados y un mayor flujo de delegaciones empresariales interesadas en invertir. Todavía no ha habido un salto cuantitativo, aunque sí ha habido apertura de mercados un creciente interés por conocer las oportunidades que ofrece el Paraguay.
Este sería un buen momento para quizás darle mayor apoyo a la línea pragmática y abierta y menos al alineamiento geopolítico. Preocupa la idea de que Paraguay se haya sobreexpuesto. El respaldo irrestricto a Israel –incluso en el contexto de la crisis humanitaria y las acusaciones de genocidio en Gaza– y el compromiso explícito con el corolario Trump de la doctrina Monroe plantean dudas sobre su necesidad y conveniencia. Uruguay no la ha hecho y no se encuentra en peor posición que Paraguay. Asimismo, la priorización podría volver a los temas concretos de la subregión. Paraguay, como país mediterráneo, enfrenta restricciones estructurales en la Cuenca del Plata que siguen sin resolverse, tales como el conflicto por el peaje en la hidrovía y la crucial renegociación del Anexo C de Itaipú o el puente de la Bioceánica en Pozo Hondo. Es necesario evitar enfocarse desmedidamente en escenarios internacionales de alto perfil, cuando los temas regionales continúen mostrando una falta de avances concretos o de impacto notorio.
- “Paraguay enfrenta restricciones estructurales en la Cuenca del Plata que siguen sin resolverse”.
