La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, manifestó que este jueves los agentes René Fernández y Liliana Alcaraz, a cargo de la investigación del caso que involucra a la firma del senador Óscar González Daher, seguirán con los procedimientos correspondientes.
La investigación ya había iniciado el jueves de la semana pasada, cuando Fernández realizó el primer allanamiento en una de las viviendas del senador luqueño. El procedimiento había sido suspendido luego de que el político colorado llegara hasta el sitio.
Quiñónez aseveró que ambos representantes del Ministerio Público cuentan con pleno apoyo por parte de la Fiscalía General del Estado y que, para la institución, las cosas en relación con esta investigación están “bastante claras”.
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“Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar, ya que las cosas están bastante claras, de acuerdo con las evidencias que fueron remitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad)”, señaló a NoticiasPy.
La inmobiliaria Príncipe Di Savoia SA es una de las empresas de la familia González Daher, implicada en supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión de impuestos.
Este miércoles se realizaron otros dos allanamientos simultáneos en las ciudades de Luque y Asunción. Uno de los locales se dedica a la venta de cuadros y talleres de arte, mientras que el otro es un supuesto estudio contable.
Renuncia de González Daher
Horas antes, Óscar González Daher presentó su renuncia a la Cámara de Senadores, ante su inminente destitución del Congreso. La presión ciudadana, que se mantuvo firme por más de 20 días, hizo que varios parlamentarios retiren su apoyo al político luqueño investigado por la Justicia.
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Su renuncia fue anunciada por su colega, Juan Darío Monges, quien calificó el hecho como un acto de “grandeza”.
Con esta decisión, González Daher quiere evitar la pérdida de investidura, tal como ocurriera en el periodo legislativo anterior, cuando el congresista se convirtió en el primero en ser expulsado durante la era democrática.
El senador colorado ya había sido destituido luego de que saltaran a la luz audios en los que se revelaba un turbio esquema de tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Por ese caso está imputado por cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias y asociación criminal.
