La fiscala Stella Mary Cano pidió este viernes a la jueza Hilda Benítez el sobreseimiento definitivo de los directivos de la firma Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez por un causa de estafa y producción de documentos no auténticos en servicios prestados a la Municipalidad de Asunción.
El Ministerio Público argumentó que los directivos de la firma no participaron de la falsificación y no hubo estafa, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Los propietarios de la empresa Empo y Asociados fueron imputados en diciembre del 2018. Dicho proceso se basó en una denuncia por la presentación de documentos no auténticos en el pago de un mes de aproximadamente G. 17.000 millones de guaraníes.
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Según la investigación, se presumía que la empresa habría utilizado y falsificado certificado de cumplimiento tributario correspondiente a otra empresa, había alterado el nombre, es decir, la razón social del certificado, del RUC, y con ese certificado y presentando facturas habría cobrado las mensualidades correspondientes al contrato que tenía con la Municipalidad de Asunción.
En noviembre del 2019, la fiscala María Elena Álvarez pidió un año más para investigar el caso. Alegó que debido a chicanas de la defensa no se pudo avanzar en varias diligencias.
La Contraloría General de la República también realizó una serie de observaciones por casos de incumplimiento de contrato como la falta de actualización de licencia ambiental sin que el ejecutivo municipal le exija la renovación.
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También figura que el Consorcio Empo Ltda. & Asociados realizó cambios en la conformación societaria, durante la ejecución contractual con la Municipalidad de Asunción, sin haber informado de ello y sin pedir la debida autorización a la contratante.
En la causa también se encuentran imputados Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción, el actual intendente Óscar Nenecho Rodríguez, once concejales y la ex directora de Contrataciones de la Municipalidad de Asunción, María Laura Schiavo.
Según la nota de imputación, Ferreiro, en su carácter de intendente municipal de Asunción, junto con Óscar Rodríguez, entonces presidente de la Junta Municipal, además de los concejales, así como de María Laura Schiavo, con su conducta habrían permitido el uso del certificado de cumplimiento tributario de contenido falso y con ello indujeron en las relaciones jurídicas al errar sobre su autenticidad, para lograr el pago de G. 1.701.107.120 a favor de Empo Ltda.
