La Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) realiza un monitoreo de expedientes por destino de notas y urgimientos en tiempo real.
En su sitio web coapy.org.py la ciudadanía puede encontrar las estadísticas sobre dónde existe mayor cantidad de expedientes sin resolverse, situación que puede generar que casos emblemáticos de corrupción puedan quedar impunes a raíz de la extinción o la prescripción.
Las estadísticas abarcan un periodo de tiempo desde julio de 2020 a setiembre de 2025 y se observa que de alrededor de 3.000 notas, la Sala Penal lleva el 36,9% y la Sala Constitucional con el 34,6% de los pedidos para que casos se destraben y avancen.
Ambas juntas totalizan el 71,5% del total de casos. La Sala Penal está integrada por María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera. Mientras que la Sala Constitucional la componen César Diesel Junghanns, Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Santander Dans.
El Observatorio inició con 54 expedientes en el 2020 y hoy tiene 160. A medida que se detectan van ingresando al Observatorio. Al mismo tiempo, a medida que aumentan los expedientes, aumenta también la cantidad de notas para que los casos se destraben.
“Las estadísticas las tenemos desde que tenemos la página web y específicamente desde que empezó a funcionar el sistema de cómputo. En el informe que hicimos el año pasado la cantidad fue de 700 notas, y bueno, cada nota que ingresa en la Sala Penal o en algún Juzgado metemos en esa página”, explicó Esther Roa, presidenta de Coapy.
Señaló que estas estadísticas sirven para saber dónde se concentra la mayor cantidad de expedientes, dónde hay más urgencia.
“Si vos te fijás, te vas a dar cuenta que la Sala Penal y la Sala Constitucional, de alguna manera u otra, todos los expedientes terminan ahí. Primero chicanean en los Juzgados Penales de Garantías luego pasan al Tribunal de Apelación, al Tribunal de Sentencia, pero todos van a la Sala Penal, por eso presentamos más notas para destrabar ahí. Pero igual podemos evaluar el problema, pero siempre está en la Sala Penal o la Sala Constitucional”, explicó.
CASOS EMBLEMÁTICOS. La demora en la integración de la Sala Constitucional representa un obstáculo para la resolución de acciones de constitucionalidad pendientes.
Por ejemplo, se citan los siguientes casos: Francisco Javier Díaz Verón, ex fiscal general del Estado. Han transcurrido 2 años y 6 meses sin que aún se haya integrado la sala.
Justo Rubén Ferreira Servín, ex propietario de Insumos Médicos (Imedic SA). Han transcurrido 3 años y 8 meses sin que se haya integrado la Sala.
Reinaldo Javier Cabaña, presunto narcotraficante. Han transcurrido dos años desde su presentación de la acción de inconstitucionalidad.
José Enrique García, ex contralor general de la República. Han transcurrido 3 años y 8 meses desde su presentación de la acción de inconstitucionalidad.
Raúl Fernández Lippmann, ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Han transcurrido 1 año y 4 meses sin que se haya integrado la sala.
En cuanto a la Sala Penal, existen casos emblemáticos sin resolver como los de Édgar Beto Melgarejo, Froilán Peralta, Miguel Cuevas, Hugo Javier González, Delcia Karjallo, el mismo Raúl Fernández Lippmann, entre otros.
ESTADÍSTICAS COAPY
CSJ - Sala Constitucional - 36.9%
CSJ - Sala Penal - 34.6%
PJ - Presidencia CSJ - Petición - 5,3%
PJ - Presidencia CSJ - Denuncia - 4%
PJ - Trib. de Ap. Penal Esp. en Delitos Económicos y Crimen Organizado, 2ª Sala - 2,6%
PJ - Tribunal Apelación Penal 4ª Sala - 2%
