07 ago. 2025

Fiscalía pide prisión para dos acusados en la causa del diputado Esteban Samaniego

El fiscal Silvio Corbeta pidió que se revoquen las medidas y que dos funcionarios municipales sean enviados a prisión, porque ambos recusaron al juez y pararon la audiencia preliminar en diferentes ocasiones. En la causa se habla de un esquema para desviar el dinero que debía usarse para reparar colegios.

Patricia Corvalán.jpg

Patricia Corvalán fue electa intendenta el pasado 25 de marzo. Foto: Gentileza

El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, pidió al juez Humberto Otazú que revoque las medidas alternativas que tienen dos procesados en la causa donde está imputado el diputado colorado Esteban Samaniego y acusada su esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán.

Se trata de Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas. Este último recusó ayer al juez, y logró suspender por tercera vez la audiencia preliminar. El magistrado debía decidir si el caso va o no a juicio.

Ambos, al igual que Corvalán están acusados junto a otras personas más de supuestamente formar un esquema para desviar G. 1.108 millones.

Ver también: De nuevo se suspende preliminar de intendenta de Quyquyhó, esposa de diputado

El dinero debía ser utilizado para la reparación de colegios, pero en su lugar se destinó para la construcción de la vivienda familiar para el matrimonio Samaniego-Corvalán.

Se habla de un “esquema de corrupción dentro del municipio, integrado por proveedores ficticios, quienes eran adjudicados con sin números de contratos para lesionar el patrimonio de la comuna”.

Justificación del pedido de prisión

El fiscal solicitó que los acusados vayan a prisión, “atendiendo a que los acusados han incurrido reiteradamente en conductas obstruccionistas dirigidas a dilatar el inicio de la audiencia preliminar, mediante diversos recursos legales y otras maniobras procesales”.

Ver también: Fiscal pide a juez que prohíba a intendenta de Quyquyhó acercarse al Municipio

El pedido es a fin de asegurar que se realice la audiencia preliminar.

Según Corbeta, hay suficientes elementos para que ambos vayan a prisión, ya que hay peligro de fuga.

Tres veces ya se suspendió la preliminar

La primera vez que se intentó hacer la audiencia fue en febrero de este año, pero se postergó porque la intendenta de Quyquyhó apeló la fijación de la preliminar.

Luego de que rechazaran su apelación, el 23 de mayo se intentó hacer nuevamente, pero allí el ex jefe de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad, Enrique Lovera, recusó al fiscal Silvio Corbeta y al juez Humberto Otazú.

El último intento fue ayer, pero el procesado Guido Vargas volvió a recusar al magistrado, a través de su abogado Juan David Campuzano, y pidió al Tribunal de Apelaciones que le aparte de la causa.

Más contenido de esta sección
El fiscal Ysrael Villalba acusó y solicitó la apertura de juicio oral para el ex senador argentino Edgardo Darío Kueider y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel, por tentativa de contrabando, tras haber intentado ingresar al país dinero sin declarar el 4 de diciembre de 2024.
El conocido como terror de los playeros, César Enrique Passera Moro, tiene prisión dictada por el juez Miguel Ángel Palacios. Había sido detenido por los playeros de una estación de servicios, tras cargar combustible y luego escapar.
En un fallo inédito, la Sala Penal de la Corte ratificó la pena de 16 años de cárcel y 10 años de prohibición de ejercer la profesión contra el médico Miguel Ángel Cavallo, por la muerte de Maylen Romero, quien falleció en una operación de implante mamario en el sanatorio Medicis. Es la pena más alta aplicada a un médico por este tipo de casos.
El juez Amado Yuruhan denunció al ministro y a varias autoridades por supuestamente perseguirle penalmente. Al final, los hechos no se probaron, explicó el Ministerio Público y será investigado por denuncia falsa.
El Tribunal de Apelación Penal, con voto dividido, dio trámite al recurso del hermano de Reinaldo Javier Cucho Cabaña contra el fallo que ratificó al juez Miguel Palacios en la causa. Así, el expediente pasó a la Sala Penal de la Corte y aún no se puede realizar la preliminar en el caso del Operativo Berilo.
Según las estadísticas del Poder Judicial, entre el 2020 y el 2025, hubo 5.841 casos judiciales de abuso sexual en niños. De ellos, en Central se registraron 1.896 causas de abuso sexual en niños que llegaron a estrados judiciales. Le siguen el Alto Paraná y Asunción. En ese lapso, se dieron 1.481 condenas en todo el país.