El requerimiento conclusivo fue presentado ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien deberá admitir la acusación fiscal, ponerla a disposición de la defensa y fijar la fecha de la audiencia preliminar.
El fiscal Ysrael Villalba señala que existe tentativa de contrabando porque en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, supuestamente, el ex legislador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel, quisieron introducir al país la suma de USD 211.102, 3.900.000 pesos y G. 640.000, sin que hayan declarado el dinero ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Con ello, sostiene que se materializó el hecho punible, en grado de tentativa, lo que fue descubierto en el control que se realizó en la cabecera del puente de la Amistad, en Ciudad del Este, lo que fue comunicado al Ministerio Público.
El control pertinente se hizo en la zona primaria de la Aduana del Puente de la Amistad, por parte del personal de la Naval, junto con funcionarios aduaneros y con el apoyo del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional.
Se incautó el vehículo de los implicados, un Chevrolet con chapa AE797OJ-AR, en cuyo interior fueron encontradas las sumas de dinero mencionadas, en dólares, pesos y guaraníes.
El vehículo era conducido por el entonces legislador argentino, de 52 años, quien iba acompañado de su secretaria, de 35 años. Ambos están domiciliados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Según la acusación, el informe remitido señala que se dejó constancia en el acta de la entrega de USD 9.900, monto cuyo ingreso al país está permitido sin necesidad de declaración.
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Los dos procesados se encuentran actualmente con arresto domiciliario en la causa. Se les deberá poner a disposición las actuaciones, y se fijará la audiencia preliminar donde se estudiará el pedido para elevar el caso a juzgamiento público.
Con la acusación fiscal por contrabando en grado de tentativa, la pena por el citado hecho punible se reduce a la mitad, conforme con la ley aduanera. De esta manera, serían 2 años y 6 meses de prisión como máximo en caso de condena.
A raíz de lo ocurrido y el proceso penal que se le sigue en nuestro país, el legislador fue expulsado del Congreso de la República Argentina.
Es más, también se inició una investigación en su contra en su país, por lo que incluso se solicitó la extradición, pero el pedido tenía varios defectos, por lo que hasta ahora no se le dio el trámite a este requerimiento.
Este último pedido está a cargo del juez de Garantías, Rolando Duarte, que ya pidió que se aclarara el pedido de extradición de parte de la Justicia argentina.
