La acusación es contra dos dirigentes del Sindicato de Integración de Funcionarios de la Cámara de Senadores, Manuel Gamarra y Raúl Flor.
Supuestamente, los mismos habrían retirado dinero de una financiera a nombre de sus compañeros, y ahora los salarios son embargados.
La denuncia lleva la firma de Patricia Concepción Salinas Mariño, Emiliana Ferreira, Jennifer Paniagua, Roberto Villagra, Noelia Cañete, Pablina Benítez, Blanca Matilde Núñez y Sergia Encina.
“Habiendo recibido embargos de salarios de parte de una entidad financiera, que desconocemos, de créditos que no retiramos, venimos por el presente escrito a formular denuncia de la comisión de supuesto hecho punible contra nuestros haberes por parte del señor Manuel Gamarra y Raúl Flor”, se indica en el escrito.
Especifican que se trata del secretario general y el tesorero del Sindicato mencionado, y acusan a los mismos de que “han retirado dinero en efectivo, en nombre nuestro, sin que nosotros hayamos estado al tanto de dicha situación y mucho menos haber recibido dinero alguno”.
“El señor Manuel Gamarra nos dijo que nos ayudaría a gestionar un crédito a través del Sindicato con una entidad financiera, por lo que hicimos las gestiones correspondientes, pero cada vez que consultábamos si ya se había aprobado el mismo, nos respondía que no”, relataron.
“Cabe destacar que el Sindicato realiza los cobros compulsivos, o sea descuento directo del salario y como no se había pasado nunca las cuotas de los préstamos para el descuento, desconocemos absolutamente que las dos personas, tanto el señor Manuel Gamarra, como el señor Raúl Flor habían retirado a nuestro nombre el crédito de la entidad financiera, sin que nosotros tuviéramos conocimiento alguno”, alegan.
“Hasta el momento que nos notificaron de la Asesoría Jurídica del Senado que habían llegado los embargos de nuestros salarios de la empresa Markven SA”, mencionan los denunciantes.
“Hemos recibido llamadas de dicha empresa, donde nos afirman que estas dos personas fueron a retirar a nuestros nombres el dinero”, se señala en el escrito.
“Estos montos, según nos interiorizamos, no incluyen la liquidación correspondiente como ser intereses moratorios, punitorios, gastos de justicia, abogados, por lo que, posteriormente, estaríamos recibiendo más embargos en dichos conceptos”, remarcan.
Otro caso que también había generado mucha polémica entre los funcionarios del Senado tenía que ver con una cooperativa irregular.