En el caso de la mafia de los pagarés, los agentes fiscales Leonardi Guerrero y Belinda Bobadilla, solicitaron la extracción de los datos de los teléfonos celulares incautados durante los allanamientos a los jueces de Paz ahora procesados.
En el caso del magistrado de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, se requirió la extracción de los datos del celular de la suspendida jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, que fue incautado durante el procedimiento hecho en el Juzgado.
Con respecto al juez Humberto Otazú, el pedido de extracción de los datos de los teléfonos celulares de los jueces de Paz de Catedral, del primero y segundo turno, Nathalia Garcete y Gustavo Villalba.
Además, también de la ahora jubilada jueza de Paz de San Roque, Liliana González de Bristot, quien había entregado su aparato celular durante los allanamientos hechos en el Juzgado.
Se quieren extraer todos los contenidos que se refieren a llamadas entradas y salientes, mensajes de texto, audio e imágenes, principalmente de la red social WhatsApp, entre otros datos, a más de las imágenes y vídeos que puedan tener relación con los casos investigados.
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En el caso, los mismos habían sido imputados por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, supuestamente porque utilizaron los falsos informes de los ujieres –también imputados– para continuar con los trámites de los juicios ejecutivos.
🔹️#Mafiadepagarés La Fiscalía solicitó a los magistrados Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú, la extracción de datos de los teléfonos celulares de los jueces de Paz imputados Carmen Analía Cibils, Nathalia Garcete, Gustavo Villalba y la ex jueza Liliana González de Bristot. pic.twitter.com/Op2KDNtnTI
— Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) May 27, 2025
El único caso que aún no pidieron la extracción de datos, según las fuentes, es contra el juez de Paz de Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, sobre quien pesa dos imputaciones, una de ellas, en el caso de la Asociación del Servicio Nacional de Promoción Profesional.
Salvo las juezas Carmen Analía Cibils, y Nathalia Garcete, los demás magistrados procesados ya cuentan con medidas alternativas a la prisión.
Hay más de 70 imputados en las causas, entre los jueces de Paz, los actuarios, los ujieres notificadores y los abogados de las empresas de créditos.
Todo se inició con las denuncias en redes sociales, lo que derivó en una auditoría de la Corte que demostró las irregularidades. Esto fue enviado a la fiscalía, que inició las pesquisas.
