Las fiscalas Nathalia Silva y Luz Guerrero investigaron la denuncia que apuntaba a que el entonces ministro “habría obtenido bienes y realizado distintas inversiones y gastos que habrían sobrepasado sus legítimas posibilidades económicas”.
Sin embargo, solo con el informe de la Contraloría General de la República (CGR) se constató que “existe correspondencia en la evolución patrimonial” de Antonio Fretes.
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La CGR presentó datos del Ministerio de Hacienda, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad Nacional de Asunción, la ANDE, la Superintendencia de Bancos, el Incoop, Conajzar, Senacsa y Seprelad.
Respecto a Asdrúbal Fretes, la Contraloría General de la República dijo al comienzo que “no sería sustentable” la evolución patrimonial, pero luego aclaró que se adjuntaron nuevos datos, y el nuevo informe fue evaluado por el perito Jael Garay, que “existe sustentabilidad patrimonial entre sus ingresos y egresos”.
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El caso Hijazi
En la causa también se evaluó la denuncia de que el ex ministro traficó influencias en el caso contra el brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, quien fue extraditado a EEUU por casos de lavado.
Se creía que Fretes usó su influencia para obtener una resolución favorable en una excepción de inconstitucionalidad que presentó Hijazi y la Fiscalía recordó que el voto fue unánime por el rechazo.
