El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realizó un estudio técnico en setenta comisarías del Departamento Central, “que constituye el relevamiento más amplio de los últimos años sobre las condiciones edilicias, de detención y laborales”, enfatiza el organismo. La presentación de los resultados del estudio se hizo el pasado miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
No es una coincidencia, ya que las comisarías, y sobre todo los calabozos –ese espacio reducido en el que un ciudadano puede perder todos sus derechos– son entendidos como las antítesis de los derechos humanos y más bien representan el espacio natural de la degradación del ser humano, sensación que hemos heredado de la época de la dictadura, régimen que despreciaba la dignidad del individuo caído en desgracia (detenido por la policía). Entonces, era normal que los calabozos sean poco menos que una pocilga, donde el trato inhumano, la degradación y la tortura debían ser la norma.
En 35 años de conquista diaria de la democracia en el país se ha luchado por mejorar las condiciones de privación de libertad de las personas en las comisarías, y mismo para borrar de la institución policial el mote de “policía stronista”. Sin embargo, en las paredes de los calabozos no ha cambiado nada, ya que persiste la humedad, quedaron los espacios reducidos, los espumas de colchones pelados en el piso, en un espacio antihigiénico.
“Estamos ante un problema estructural que requiere acciones urgentes y coordinadas del Estado”, advirtió la comisionada nacional del MNP, Sonia Von Lepel, durante la presentación del trabajo en la Sala Bicameral del Congreso. La combinación de espacios reducidos, ventilación deficiente, falta de sanitarios, registros incompletos y estancias prolongadas constituye un escenario incompatible con los derechos humanos, dijo.
DEUDA. El informe muestra que más del 52,7% de las celdas individuales (más de la mitad) no alcanza el estándar mínimo de 6 m².
Desnuda otras deficiencias, como el mal estado de los baños, calabozos insalubres y el hacinamiento con largos periodos de detenciones.
A eso se suma la falta de ventilación, iluminación adecuada y sanitarios internos que constituyen una vulneración a la dignidad humana.
El informe detalla que solo 13 de las 70 comisarías cuentan con celdas destinadas a mujeres.
Únicamente tres cumplen el estándar de superficie mínima, lo cual es apenas 4,3% del total del departamento.
Además, se resalta que la mayoría de las comisarías cuentan con una infraestructura deteriorada por la humedad y filtraciones y riesgo eléctrico. También, en la mayoría de las dependencias, hay déficit de dormitorios y sanitarios para mujeres policías.
En esta parte se llega a la autogestión obligada, cuando los agentes adquieren de su propio bolsillo insumos básicos, desde resma de hojas hasta armas de fuego.
Además, se notan altos niveles de estrés operativo y los planteles son insuficientes.
RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES
1. Priorización presupuestaria para infraestructura básica y dormitorios para mujeres policías.
2. Clausura inmediata de celdas menores a 6 m² o con riesgos críticos.
3. Regulación y cumplimiento obligatorio del estándar de aforo.
4. Garantía de atención médica independiente y registro adecuado.
5. Creación de espacios de entrevista privada para defensores y el control estricto del límite de 72 horas de detención.
La presentación pública subraya que las comisarías del Departamento Central operan bajo un riesgo estructural que exige respuestas inmediatas y coordinadas. La combinación de metraje insuficiente, fallas en ventilación e iluminación, ausencia de sanitarios, falta de controles y detención prolongada configura condiciones incompatibles con los derechos humanos.
