El pedido de informes fue dirigido a la empresa G5pro, organizadora del Ja’umina, así como la Municipalidad de San Bernardino, la Comandancia de la Policía Nacional y la Superintendencia de Salud. El citado concierto ocurrió el 30 de enero pasado en el anfiteatro José Asunción Flores de la mencionada ciudad.
Las fiscalas Luz Guerrero, Nathalia Silva y Laura Giacummo, específicamente, pidieron los protocolos de control de seguridad para el evento, la nómina de guardias privados, la remisión de los contratos con las empresas de seguridad y el servicio extrahospitalario de emergencia y un informe sobre el permiso municipal para espectáculos públicos.
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Además, las investigadoras exigieron los planos del lugar, según sectores, salidas de emergencias y otros datos referentes a la seguridad. Igualmente, se ofició a la Comandancia Nacional a fin de que informe sobre la existencia de nota de comunicación y solicitud de cobertura para el evento.
A la Superintendencia de Salud, las agentes fiscales solicitaron la copia de la fiscalización realizada a la firma SAE, afectada al servicio de ambulancia en el evento.
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Esta investigación se centra exclusivamente en la eventual responsabilidad penal de los organizadores del evento en el que fallecieron Marcos Rojas Mora, presunto objetivo de un sicario, y Cristina Aranda, víctima colateral del atentado.
El multitudinario evento aglutinó a más de 10.000 personas en el anfiteatro de la ciudad de San Bernardino, con la presencia de varios grupos internacionales.
La Superintendencia de Salud clausuró temporalmente a la empresa que prestó el servicio de ambulancia en el concierto Ja’umina. Según los familiares de Vita Aranda, la ambulancia que la llevó del festival no contaba con los elementos para dar una adecuada asistencia y con elementos para intubarla.
La Policía continúa investigando el caso y, según anunciaron, ya identificaron al autor material del homicidio.
