La fiscala Zunilda Martínez dijo este viernes a NPY que no cuenta con informes oficiales sobre el caso del militar que habría efectuado disparos con arma de guerra contra los manifestantes en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, en la noche del miércoles.
“Todavía no hay una investigación sobre el caso. Nosotros no tenemos ningún reporte, este es el informe que yo a duras penas conseguí de la Policía y que no especifica quién hizo qué cosa”, señaló.
La representante del Ministerio Público indicó además que tampoco tienen en su poder las armas incautadas mencionadas en los documentos policiales.
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Son 43 las personas que fueron imputadas por los supuestos hechos de perturbación a la paz pública y resistencia, a raíz de la gran manifestación del miércoles último y los enfrentamientos posteriores con policías y militares.
Martínez, en otra nota con radio Monumental 1080 AM, señaló que el reporte de la Policía Nacional fue muy general y eso impidió hacer una imputación específica sobre los hechos de saqueos y destrozos a locales comerciales.
“El informe policial es muy genérico y no es claro. No habla de los destrozos en el Banco Nacional de Fomento y habla en seis líneas de lo que ocurrió. 54 personas demoraron y es imposible hacer una imputación objetiva y razonada”, refirió.
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El equipo fiscal además dispuso el levantamiento de la medida restrictiva de libertad a siete mujeres que habían sido demoradas durante los incidentes reportados en la capital departamental.
La multitudinaria manifestación en contra del retroceso a la cuarentena total anunciada por el Gobierno terminó en saqueos, destrozos, incendios, heridos y cerca de 60 detenidos en la noche del miércoles último.
La masiva movilización convocó a familias enteras, pero todo se salió de control cuando un grupo empezó a lanzar piedras y causar destrozos contra los camiones que ingresan y salen del país.
Tras el hecho, también resultaron víctimas varios oficiales de la Policía, en algunos casos afectados con armas de fuego.
La intensa jornada convocó de nuevo a las autoridades sanitarias y de seguridad para plantear las condiciones en que se dará la fase 0 de cuarentena por 14 días.
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De esta forma, el Gobierno Nacional decidió autorizar la jornada laboral de 12 horas con controles en la circulación de personas, para lo cual se movilizará a las fuerzas públicas como la Policía Nacional y el Ministerio Público.
A partir de este acuerdo quedó habilitado todo lo que tiene que ver con las cadenas alimenticias, servicios básicos, personas afectadas a las obras civiles y privadas y su cadena logística, delivery, transporte público, servicio marítimo, industrias en general, talleres mecánicos, actividad agrícola y ganadera, entre otras
