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Fiscalía intervino transacción ilegal de beneficarios de programas sociales

Casas comerciales dedicadas a la venta y reparación de celulares en Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, fueron intervenidas por la Fiscalía tras ofrecer el pago en efectivo a los beneficiarios de los programas Tekoporã y Ñangareko, sin estar habilitados para el efecto y cobrando un 5% del valor asignado.

Bajo la fechada de venta de tapabocas y alcohol en gel, estos comercios entregaban dinero en efectivo, descontando un 5% del valor asignado, a los beneficiarios de los programas Tekoporã y Ñangareko. Intervieron en el hecho la Municipalidad de Coronel Oviedo y el Ministerio Público.

El fiscal Fermín Segovia adelantó que solicitará informe a las operadoras electrónicas para contar las evidencias denunciadas, teniendo en cuenta que los desembolsos de ambos proyectos son únicamente para adquisición de productos de primera necesidad en casas habilitadas para el efecto.

Largas e interminables filas de personas registraron estos comercios a lo largo de la mañana de este viernes y llamó la atención la presunta alta demanda hacia los celulares nuevos o reparados.

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Supuestamente las personas adquirían tapabocas, alcohol en gel y termómetros para tratar de maquillar la venta.

Supuestamente las personas adquirían tapabocas, alcohol en gel y termómetros para tratar de maquillar la venta.

En uno de los locales perteneciente a Graciela Fretes Rivarola se comprobó que existía una caja en el cual los beneficiarios de los programas Tekoporã y Ñangareko convertían en efectivo sus giros telefónicos asignados por el Gobierno y la comisión por esta operación fue del 5% sobre el monto estipulado.

Supuestamente las personas adquirían tapabocas, alcohol en gel y termómetros para tratar de maquillar la venta.

Es la tercera intervención que se realiza en el comercio denominado Digital Comunicaciones, la primera y la segunda fue realizada por la Municipalidad por el incumplimiento de la cuarentena sanitaria, porque el local no se encuentra en la lista de los comercios exceptuados de la medida sanitaria.

En la primera ocasión la comuna aplicó una multa de G. 800.000 y en la segunda, la suma de G. 1.600.000.

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