La propuesta gubernamental de reforma de la Caja Fiscal, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, sigue levantando olas. Con media sanción en la Cámara de Diputados, al final, la mayoría colorada cartista de la Cámara de Senadores se vio obligada a posponer el tratamiento ante la masiva movilización de los docentes en la capital y en todo el país. La reforma es necesaria, pero para llegar son necesarios diálogo, debate y consenso; además, los ajustes deben incluir también los privilegios de los parlamentarios.
Como se informó en una reciente publicación de ÚH, los funcionarios de la Caja Parlamentaria cuestan G. 174 millones del dinero público al mes. Esto ocurre a pesar de que los legisladores oficialistas aseguran que dicha Caja se convertirá en una “caja privada”. El proyecto de ley de reforma de la Caja Parlamentaria, que ya cuenta con media sanción en Diputados, sigue cargando los gastos administrativos y los sueldos de los funcionarios de la Caja al erario. En este caso, representan G. 174 millones mensuales.
Al respecto, el titular del Congreso, senador Basilio Núñez, fue uno de los que calificó el Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo como una caja privada, con el argumento de que se sostiene con los aportes de senadores y diputados. Pero hay varios indicios que lo contradicen. Uno de estos apunta a que los funcionarios de este Fondo seguirán cobrando anualmente más de G. 2.000 millones del Estado, según el proyecto aprobado en Diputados. Actualmente 14 funcionarios trabajan en la Caja Parlamentaria, algunos comisionados de la Cámara de Diputados o Senadores. Según la publicación de este diario, el director general gana más de G. 31 millones, entre sueldo y bonificación por responsabilidad, y le siguen el jefe de Jubilaciones con poco más de G. 29 millones, y la jefa de Prevención de Lavado de dinero, con casi G. 17 millones, de acuerdo con la nómina del Congreso. Otros cargos de jefes y directores implican uso del dinero público de entre G. 11.700.000 y G. 15.640.000, mientras que los cuatro asistentes cobran entre G. 5.000.000 y G. 6.000.000. En total, son G. 174 millones mensuales, que están contemplados en el Presupuesto General de la Nación. Con el dinero de los impuestos de los paraguayos se sostiene la estructura que maneja la jubilación vip de diputados y senadores. Por otro lado, la segunda falacia de la afirmación del presidente del Congreso se hace evidente en cuanto a la eliminación de la posibilidad de recibir aporte estatal, pues al final, los parlamentarios inyectaron dinero público casi G. 10.000 millones en los últimos tres años. La postergación del tratamiento de las reformas a la Caja Fiscal y a la Caja Parlamentaria no debe confundir ni empujar al engaño, ya que este espacio de tiempo se puede ver como una estrategia para disolver la protesta. Es importante el adecuado manejo de información por parte de todos los sectores afectados, esto es, saber que diputados y senadores del Paraguay se encuentran entre los diez mejor pagados de la región, su dieta y gastos de representación oscilarían USD 5.760 lo que equivale a casi G. 38 millones. En Brasil, Argentina y Uruguay, los legisladores tienen ingresos más elevados, y que, a diferencia de sus colegas de la región, los paraguayos no comparten regímenes generales de jubilación con el resto de los trabajadores y, por eso, se reclama que la reforma de las cajas suponga el recorte de los injustos privilegios. Si una maestra deberá esperar a jubilarse a los 57 años, con 25 años de aporte, no parece razonable ni equilibrado, que un parlamentario que tuvo dos periodos de cinco años, o sea diez años pueda jubilarse con 55 años.
Como expresaba el comunicado del Arzobispado de Asunción es urgente que avancemos hacia un sistema en el que no haya ciudadanos de primera y de segunda porque la existencia de jubilaciones privilegiadas en el sector político es un escándalo ético.
“Necesitamos un pacto social transparente que defina qué niveles de seguridad social salud y educación deseamos para nuestra patria, con una hoja de ruta clara sobre su costo y financiamiento. No podemos seguir construyendo parches sobre el sistema que excluye a la gran mayoría de los trabajadores y a la población en general”.
