La intervención fiscal se realiza tras una denuncia que fue presentada el pasado 15 de noviembre ante la Fiscalía por parte de la Contraloría General de la República (CGR), al detectarse indicios de daño patrimonial y graves irregularidades.
En la denuncia se menciona la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2017, sobre los gastos genuinos, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y royalties en la Municipalidad de Mayor Otaño.
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Luego del informe remitido por el ente contralor, el Ministerio Público tiene en la mira a la administración de Pedro Rubio Chávez (ANR), quien es blanco de sospechas por parte de un sector de la ciudadanía.
La Resolución 5930 del la Fiscalía General del Estado dispuso la apertura de una causa penal y se asignó a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción 14, con sede en Asunción, para llevar adelante dicho trabajo.
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La comitiva fiscal que inició las pesquisas fue recibida por la asesora jurídica de la Comuna, María Cristina Morínigo.
Las sospechas
De acuerdo con el examen especial practicado por los auditores de la Contraloría General de la República a la administración de Chávez, fueron detectados serios indicios de daños patrimoniales y graves irregularidades, por G. 1.008.987.100.
En conclusión, hay sospechas de que la Municipalidad de Mayor Otaño pagó gastos corrientes con recursos que no correspondían, entre otras situaciones.
La administración de Chávez viene soportando desde hace dos meses una manifestación de un grupo de jóvenes, quienes exigían la intervención de dicha Comuna ante la supuesta malversación de los recursos del Fonacide.
