El titular del Ministerio Público asignó a los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce investigar la denuncia presentada por Juan Jesús Villalba Fiore y Derlis Paredes Delgado, en representación de la Contraloría General de la República. El equipo trabajará bajo la coordinación de la adjunta Nancy Salomón.
La Fiscalía se basará en esclarecer los hechos y determinar si existen conductas con relevancia penal.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, –que se había abocado con un equipo a examinar 34.068 registros de títulos– expuso ayer la detección de que 1.082 funcionarios de 35 instituciones públicas no cuentan con respaldo en los registros de universidades.
Habló de una realidad “mucho más perversa” de la que habían presumido. De hecho, esto solo es un primer avance de la fiscalización, mientras continúan recabando información de organismos públicos y universidades.
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El senador Patrick Kemper, presidente de la comisión especial que investiga la expedición de supuestos títulos falsos, por su parte, sostuvo que no es una falsificación de títulos ya probada, sino que una verificación rigurosa de cada expediente.
El camino de la Contraloría todavía es larga, ya que faltan respuestas de 221 organismos públicos y 27 instituciones educativas.
Cuestionamiento al Cones
Según el contralor, el Cones “no cumple con su misión de manera mínima”, porque hay muchas universidades, facultades y carreras que la gente cursa y que el Cones no les habilita, pese a que tienen la obligación de acreditarse ante la Aneaes, que no se acreditan
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La evaluación de la trazabilidad de los títulos universitarios reveló que existen más de 850 carreras de Medicina o relacionadas con el rubro de la Salud que no cuentan con la habilitación ni certificación de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
Por parte del Cones hay nulo control en las carreras que ofrecen las universidades del país; incluso, según informó Benítez, reconocieron que no cuentan con infraestructura y recursos humanos para responder a las propias consultas que hizo la Contraloría.
