La investigación sobre los presuntos títulos académicos irregulares en la función pública reveló nuevas debilidades en los mecanismos de control de la educación superior. La Contraloría General de la República identificó 1.090 títulos declarados por 1.082 funcionarios de 35 instituciones estatales que no cuentan con respaldo en los registros de las universidades consultadas. Ya queda en manos del Ministerio Público.
El resultado fue presentado este jueves por el contralor general, Camilo Benítez, durante una conferencia de prensa junto al senador Patrick Kemper, presidente de la comisión especial que investiga la expedición de supuestos títulos falsos.
“Nos encontramos con una realidad mucho más perversa de la que nosotros habíamos presumido en el peor de los escenarios”, afirmó Benítez, al explicar por qué la auditoría no podrá concluir dentro del plazo inicial de 45 días. La Contraloría presentó un primer avance de la fiscalización, mientras continúa recabando información de organismos públicos y universidades.
Kemper pidió cautela al interpretar los resultados y aclaró que los documentos presentados todavía no permiten afirmar que todos los casos correspondan a falsificaciones comprobadas.
Lea más: Comisión que investigará títulos falsos tiene un miembro bachiller
“Estos documentos no permiten aún afirmar que los 1.090 casos sean falsificaciones ya probadas”, señaló el legislador. Añadió que los hallazgos requieren explicaciones y una verificación rigurosa de cada expediente.
La investigación tampoco abarca todavía a la totalidad del Estado: al momento del corte del informe, faltaban respuestas de 221 organismos públicos y 27 instituciones educativas.
Denuncia fiscal.
Benítez confirmó que la Contraloría ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por la presunción de hechos punibles relacionados con los casos detectados.
“Si la propia universidad dice: ‘Este funcionario público no estudió aquí’, ¿qué opción tenemos nosotros más que creer la posición de la universidad?”, expresó el contralor, al explicar el criterio utilizado para identificar los registros que requieren investigación.
Lea más: Títulos falsos: Comisión detecta casos “mágicos” y apunta a revisar todo el sistema universitario
Sin embargo, advirtió que todavía deben verificarse las circunstancias particulares de cada caso, puesto que podrían existir errores de registro, documentación pendiente u otras situaciones que deban ser esclarecidas.
La Contraloría aún no cuenta con una estimación del eventual perjuicio económico al Estado por estos títulos.
Para establecerlo, será necesario determinar si los funcionarios percibieron bonificaciones, gratificaciones salariales u otros beneficios asociados a sus credenciales académicas, además de comprobar las responsabilidades correspondientes.
El propio Benítez señaló que cuatro funcionarios de la Contraloría se encuentran sometidos a sumarios administrativos en el marco de la revisión.
El alcance del problema, según el contralor, no se limita a una institución. Mencionó que entre los organismos examinados figuran el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la propia Contraloría, además de otras dependencias estatales.
Apunta al CONES por falta de control.
Uno de los aspectos más severos del informe preliminar se refiere al funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), organismo encargado de regular y supervisar la educación superior.
Benítez sostuvo que la institución no está cumpliendo adecuadamente con su misión y cuestionó que no haya aplicado medidas suficientes frente a carreras y ofertas académicas que operan sin cumplir los requisitos correspondientes.
“¿Nulo control? Nulo control”, respondió el contralor al ser consultado sobre la actuación del organismo. Agregó que el propio Cones reconoció limitaciones de infraestructura y recursos humanos para cumplir sus funciones.
Según los datos expuestos por Kemper, la revisión identificó 877 ofertas académicas sin acreditación vigente dentro del grupo examinado, incluidas 184 vinculadas al área de la salud. Estos datos deben distinguirse de las carreras que carecen de habilitación: la acreditación y la autorización para funcionar son procedimientos diferentes, y no todas las carreras están sujetas a los mismos requisitos de acreditación.
