A raíz de la denuncia presentada hoy ante la Fiscalía, a las 17:44, por el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Bachi Núñez, se decidió rápidamente abrir una causa penal “sobre hecho a determinar” en contra de la senadora Zenaida Delgado, cuyo cargo hoy pende de un hilo.
Tras el sorteo, fue designada la fiscala Marlene González, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, para que investigue las denuncias masivas que van surgiendo en contra de la parlamentaria.
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Las funcionarias que expusieron el presunto esquema de cobros fueron Lidia González, Lorena Gauto y Leonarda Vera, quienes hoy se reunieron con el senador Bachi Núñez, quien de hecho se comprometió a mantenerlas en el cargo ante el temor de represalias.
¿Cómo funcionaría el esquema?
Las denuncias exponen que los funcionarios eran contratados con bonificaciones salariales y debían entregarle parte de ese dinero cada mes a la legisladora.
Los montos variarían según el salario y el cargo de cada persona. Hay quienes tenían que dar G. 1.350.000, G. 1.500.000, G. 2.000.000 y hasta G. 2.500.000 mensuales.
“Esa bonificación es justamente para la senadora”, contó una denunciante.
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Luego, para tener el nombramiento permanente, ya tenían que dar sumas millonarias que llegarían a los G. 100 millones.
Si no cumplían, eran despedidos supuestamente, amparándose la senadora en que recién después del nombramiento tenían estabilidad.
Los aumentos de salarios tenían la firma de Bachi Núñez, quien dijo desconocer el modus operandi ilegal.
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Lidia González contó detalladamente cómo la senadora le pidió G. 150 millones y, que en todo el tiempo que trabajó con ella, sufrió maltratos sicológicos.
Ella mostró pruebas de las transferencias que hizo a Delgado, quien pedía dinero constantemente y de manera “urgente”.
Lorena Gauto, por su parte, nunca recibió pedidos directamente, sino a través de sus compañeros la senadora solicitaba dinero. La mujer habría sido obligada a sacar un préstamo de G. 15 millones.
Más víctimas
Las tres denunciantes no serían las únicas afectadas. Hay otros más con el temor a exponer lo sucedido, según cuentan.
El esquema afectaría a entre 15 y 20 funcionarios del Congreso Nacional, y el destino de quienes no cumplen con las cuotas o hacen pagos parciales por sus nombramientos o incluso se niegan a endeudarse es la desvinculación.
