Para el diputado Raúl Benítez (independiente) la Contraloría General de la República (CGR) y la Comisión Especial de Títulos Falsos del Senado están tratando de exponer algunos resultados afectando a quienes puedan incomodar al poder.
Se refirió a la denuncia que presentó la CGR sobre el hallazgo de 1.090 títulos declarados por 1.082 funcionarios de 35 instituciones estatales que no cuentan con respaldo en los registros de las universidades consultadas.
Por un lado celebró que se siga destapando la olla sobre el tema de títulos falsos que había arrancado con la denuncia que presentó la oposición ya en el 2023 sobre la situación del exdiputado y exsenador Hernán Rivas, quien finalmente fue condenado a 8 años de prisión por producción y uso de un título que acreditaba su profesión de abogado cuando en realidad ni siquiera cursó la carrera.
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“A mí me sigue haciendo ruido el sector al que se está apuntando la búsqueda de los títulos falsos, o sea acá, la Contraloría y esta Comisión en particular está yendo por los descalzos, por los eslabones más débiles de todo el esquema de los títulos falsos y eso a nosotros no nos sirve”, consideró.
“Acá hay que desbaratar el esquema, acá nosotros no tenemos grandes pasos o no tenemos todavía señales claras dentro del Ministerio de Educación y Ciencias sobe el proceso de validación de título y mucho menos tenemos denuncias a peces gordos de títulos falsos”, lanzó Benítez.
El mismo legislador había puesto en duda el título del diputado Yamil Esgaib y del senador Ramón Retamozo, ambos de la ANR. Solo Retamozo se ocupó en demostrar que sí cursó la carrera, a pesar de algunas supuestas irregularidades detectadas en sus documentos.
El resultado de la investigación fue presentado este jueves por el contralor general, Camilo Benítez, durante una conferencia de prensa junto al senador Patrick Kemper, presidente de la comisión especial que investiga la expedición de los títulos falsos.
Entre las personas señaladas se encuentran incluso cuatro funcionarios de la Contraloría que ya se encuentran sometidos a sumarios administrativos.
En el caso de la función pública, legisladores advirtieron que se estaría cometiendo una estafa contra el Estado, teniendo en cuenta que cobran un plus por cada título obtenido.
