El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Christian Benítez dispuso que se lleve adelante una pericia contable a la situación financiera, patrimonial y tributaria de Jose’i González y su esposa, en un periodo que abarca desde enero de 2017 hasta octubre de 2026.
¿Qué se analizará?
Dentro de la investigación fiscal que se inició en abril de este año, se verifican los cargos que ocupó González tanto en el IPS como en otras funciones públicas, además del periodo de permanencia en sus cargos y los ingresos percibidos para ser posteriormente cotejadas con sus declaraciones juradas y lo declarado como actividades económicas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
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Se pondrá foco de la Fiscalía todas sus cuentas corrientes, cajas de ahorro, certificados de depósito de ahorro (CDA); así como sus tarjetas de créditos y préstamos. La ruta del dinero incluirá los movimientos como matrimonio, las transferencias, desembolsos de créditos, rescates de inversiones y devoluciones de capital.
Además, se evaluará los bienes en inmuebles y vehículos, y las DDJJ presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR), de manera a determinar los hechos de sospechas.
Llamativo contrato desde IPS
Uno de los puntos claves de la investigación trata de en acuerdo suscripto entre el IPS y la firma Consorcio Hotelero Sudamericano SA, en el que consta que José González percibió la suma de G. 412.500.000 que
en concepto de honorarios profesionales dentro de este contrato, siendo asesor de la previsional.
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La investigación
Según las resoluciones, se detectó un esquema de pagos que ascienden a G. 87.595.252.265, gestionados por la Dirección Jurídica para eludir el control judicial mediante el uso indebido del rubro 915 (Gastos Judiciales).
Esto, pese a que el Ministerio de Economía dictaminó (18/2023) que el pago de deudas extrajudiciales solo es legal con una sentencia firme de homologación.
