Los agentes fiscales Belinda Bobadilla y Jorge Arce, llevaron a cabo el operativo este lunes, en el marco de la causa conocida como la “mafia de los pagarés”.
El allanamiento tuvo lugar en un edificio ubicado en el barrio Villa Morra, de Asunción, donde reside Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de la Recoleta, a cargo del juez Gustavo Villalba.
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La diligencia tuvo como objetivo la búsqueda y secuestro de expedientes judiciales que se encontraban en el lugar, de acuerdo con la información recibida por el equipo investigador.
La orden fue emitida por el juez penal especializado en delitos económicos y anticorrupción, el abogado Humberto Otazú.
Del procedimiento participaron funcionarios de la Unidad de Delitos Económicos, personal policial a cargo del comisario Hugo Rolón, del Departamento de Falsificación de Documentos y Abuso de Identidad, así como funcionarios de Auditoría de la Corte Suprema de Justicia.
Al término del procedimiento, la fiscala indicó que se tenía conocimiento de que en dicho domicilio existían unos 5.000 expedientes judiciales y a raíz de eso se allanó el lujoso departamento.
La agente señaló que los expedientes judiciales no fueron encontrados y se tiene conocimiento de que fueron retirados la semana pasada. Entre tanto, detalló que sí se encontraron notificaciones y la información que se tiene es que la ujier se encuentra fuera del país.
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Una auditoría de la Corte Suprema de Justicia reveló que en muchos casos, los juicios se hicieron sin que los demandados sepan y se enteraban solo una vez que sus salarios eran embargados.
En algunos casos, se comprobó que los ujieres habían hecho notificaciones prácticamente imposibles, como estar en la misma hora que hicieron figurar en diferentes ciudades del país, distantes una de otras.
Los resultados de la auditoría a los juzgados de Paz de Asunción dan resultados sorprendentes. Entre ellos, expedientes que no fueron a estadísticas, falta de fiscalización de tasas, notificaciones que se realizan el mismo día y a la misma hora, en distintas localidades.
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Se trata de varios juzgados de Asunción los denunciados y auditados por la Corte Suprema de Justicia.
El equipo fiscal ya tiene las irregularidades encontradas en la auditoría iniciada por la Corte. En uno de los puntos hallados se encontraron 92 juicios ejecutivos con pagarés no autenticados.
Un grupo de víctimas de este esquema mantuvo en diciembre una reunión con la fiscala adjunta Soledad Machuca, a quien le solicitaron que la investigación se amplíe a más jueces de Paz, ujieres y funcionarios judiciales y se extienda a los abogados, estudios jurídicos y empresas, en su mayoría de maletín, que promovieron denuncias falsas de las supuestas deudas, pese a haberse pagado los montos de los pagarés en su totalidad.
