@Raulramirezpy
El defensor público José Adolfo Torres, coordinador para los casos de la mafia de los pagarés, habla del trabajo de la Defensa Pública y del drama de las víctimas. Con solo 102 personas se movieron unos cinco mil millones de guaraníes.
–Hubo 102 personas que se acercaron a la Defensa Pública, con un promedio de 16 casos cada una.
–Más o menos. Hay personas que tienen más de 20 o 30 embargos. O sea, es una cuestión que pocas veces se ve. En este caso de las víctimas de la mafia de los pagarés tienen una cantidad muy alta de demandas y también en algunos de ellos, sus salarios son descontados por encima de lo que manda la ley.
–¿Y qué harán los defensores de Defensa Pública?
–La Defensa Pública lo que hace es recabar los datos de cada uno de los juicios en donde estas personas fueron demandadas, para después ir al Juzgado a verificar el expediente, cuál es el origen o la causa o el pagaré base de la ejecución. Y se estudia. Si es dentro del marco de esos expedientes, si es que están en un Juzgado. Porque un tema es encontrar los expedientes en el Juzgado. La característica principal de la mafia de los pagarés es que son juicios que no fueron llevados de manera regular y que no están físicamente en la secretaría del Juzgado. Son las empresas de cobranzas las que gestionan estos expedientes y las tienen en su poder cuando que, legalmente, corresponde que estén en el Juzgado. Entonces, como el expediente no está físicamente en la secretaría, el defensor o la persona afectada va a querer ver el expediente para poder enterarse y asumir algún tipo de defensa y no lo encuentra. Esa es la razón por la cual hay un informe, por ejemplo, en los procesos que auditó la Corte, en donde desaparecieron miles de expedientes. También la Fiscalía, al allanar varias empresas, encontró que los expedientes estaban en las empresas y debían estar en la secretaría del Juzgado. Por ese motivo las personas nunca pueden encontrar sus casos. Por eso se sancionó el año pasado la ley de saneamiento de los juicios ejecutivos y cobro de aranceles, que establece que hay un plazo de 10 días para que, a partir del momento que uno pide la búsqueda, el Juzgado pueda localizarlo. Si no lo hace, debe de oficio el juzgado decretar el levantamiento de cualquier embargo que se dictó en ese expediente que no se localiza y ordenar su reconstitución. Esa ley se trabajó con la Comisión Especial del Senado a partir de un borrador que planteó la Defensa Pública basados en la casuística.
–¿Hicieron denuncias penales contra estas empresas o personas?
–La denuncia la realizó la Comisión Especial del Senado porque fue la que hizo esa investigación. Tiene la función de investigar y hurgar lo que es este fenómeno de mafia de pagarés. A partir de eso, ellos pueden seguir aportando todo lo que se encontró en ese contexto y el Ministerio Público tiene sostenidas acusaciones contra varios jueces. Algunos ya fueron removidos, no confirmados, otros están suspendidos y varios funcionarios judiciales que estaban en estos juzgados. Ahora, prácticamente la parte más grave en lo que es la actuación de esta gente que usó el sistema de Justicia, es que estábamos en frente de un Juzgado que era utilizado como medio para poder facilitar tácticas abusivas contra los deudores. Entonces, un deudor –si bien uno pudo haber firmado un pagaré– lo legítimo es que al momento de ser reclamado uno sea debidamente notificado. Pero en este caso nunca se daban porque las cédulas eran voladoras que se generaban sin hacer llegar al destinatario y, obviamente, después venía el embargo. Estos se hacían sin ser intimados debidamente al pago y tampoco tenía la posibilidad de pensar algún tipo de excepción o de defensa en el sentido de decir: “Yo solamente firmé un pagaré y no 10 pagarés que me están ejecutando. O yo ya pagué parcialmente esta deuda, porque acá tengo el comprobante de pago”. En ningún caso se le dio esa posibilidad. Entonces, lo que pasa es que se le cobra una vez en algunos casos. En otros se le cobra lo que tiene que ser, pero se le infla de manera abismal en la liquidación final. Así, en vez de pagar una suma x, va pagando 10 veces más o, inclusive, mucho más.
–¿Esas sumas pudieron ser recuperadas?
–Sí, tenemos muchísimos casos en los que recuperamos y donde semanalmente, incluso algunos medios de prensa están publicando o replican la página institucional, en donde se presentan a las personas que aceptan ser publicadas cuando se le entrega o se le devuelven el dinero. Mucha gente ya recuperó plata, pero todavía no estamos en la proporción o cantidad que amerita.
–¿Cuántos casos de la mafia de los pagares manejan?
–El año 2025, cuando comenzamos como coordinación, trabajamos alrededor de 700 casos, porque teníamos la dificultad de que no encontrábamos los expedientes y no podíamos tomar intervención formal en los juicios, porque no estaban físicamente y no recibían los pedidos en los juzgados de Paz, porque el expediente no estaba; porque tenía que encontrar; venir de dentro de un mes; dentro de una semana y así nos tenía. Pero después, con la ley de saneamiento, por más que no esté físicamente el expediente se tiene que procesar el pedido de búsqueda, con un plazo de 10 días, como decía. Y, a partir de ahí, tenemos nosotros las estadísticas hasta mayo de este año que son alrededor de 1.600 expedientes las intervenciones presentadas. O sea, en cinco meses prácticamente duplicamos y orillamos el triple de lo que era el año pasado en todo el periodo. Hasta hoy tenemos que ver, probablemente ya deben ser 2.500 casos.
–¿Y en dinero, cuánto significa estos casos, doctor? El defensor general hablaba de G. 5 mil millones.
–Así es. Justamente ese fue el cambio que generamos a partir de lo que periódicamente analizamos. Y, en la actividad que realizamos en días anteriores, le agregamos un indicador que demuestra el impacto que tiene la actuación en la cantidad de juicios. Y ahí encontramos que en 102 personas casi 5.000 millones de guaraníes. O sea que nos íbamos nosotros mediodía más y llegábamos a USD 1.000.000 y piquitos. Y podemos hablar de algo escandaloso, porque cualquiera de nosotros sueña en algún día ganar esa plata para jubilarse feliz. Pero, imagínate, casi un millón de dólares en monto. Y hay una estimación de que este tema mueve alrededor de 91 millones de dólares al año. O sea que hablamos de juicios pequeños, pero que acumulados forman sumas astronómicas en lo que es justamente la base de lo que es el salario de la gente. Juntar esa cantidad de dinero a costa del salario de las personas más vulnerables. Creo que es un poco escandaloso y más todavía el escándalo para mí se genera en el sentido de que se viola la regla del debido proceso y cercena el derecho de defensa de la gente para poder realizar descuentos que no corresponde, en el sentido de que no se le da el debido proceso. Es eso lo que defendí desde el principio. Que tiene que existir el derecho de defensa, la bilateralidad. Si soy demandado, tengo que tener conocimiento y tener forma de defenderme. Y lo fundamental, el derecho de acceder a las actuaciones, que es algo que está en la Constitución en el artículo 17, nada más y nada menos, que mucha gente todavía no puede ver su expediente. Tenemos, por ejemplo, casos donde hallamos el expediente, pero vemos que en el pagaré visiblemente la firma no corresponde a la demandada. Se pide que se presente el título original y ahí otra vez toda una odisea, porque no quiere entregar el original, ya que se hace el cotejo y se va a encontrar que son falseados. No decimos que todos son así, porque el universo es muy grande y, como dice una colega, en la mafia de pagarés cada vez se va mutando y se va adecuando para poder adentrarse y utilizar esas zonas de un sistema para tener ventaja. Lo que nosotros vemos es que la ventaja que ellos tienen no es legítima, sino es a partir de prácticas abusivas y eso evidentemente el sistema también castiga y de alguna manera es lo que nosotros pedimos, que el sistema de justicia sea un poquitito más expeditivo para este tipo de casos, porque estamos frente a casos que vienen siendo arrastrados desde hace muchos años y, evidentemente, estos expedientes regulares necesitan una prioridad para ser depurados y para poder darle justicia a las víctimas. A la fecha, atendimos a unas cinco mil personas en la Defensa Pública.
José Adolfo Torres
Abogado por la UNA. Especialista en Derecho Civil, magíster en Derecho Civil, ambos por la UNA, doctor en Ciencias Jurídicas (UNIBE); notario (UC). Docente de grado y posgrado. Es defensor público civil y coordinador para los casos afectados por la denominada mafia de los pagarés.
