En la ocasión, mantuvieron una reunión con la fiscala adjunta Soledad Machuca, a quien le solicitaron que la investigación, a más de jueces de Paz, ujieres y funcionarios judiciales, se extienda también a los abogados, estudios jurídicos y empresas –en su mayoría de maletín–, que promovieron las denuncias falsas de las supuestas deudas, habiéndose ya pagado en su totalidad los montos de los pagarés, mediante descuentos compulsivos, donde en verdad se inicia el esquema extorsivo, que posteriormente son beneficiados por la Justicia.
De la reunión participaron víctimas que representaban a funcionarios y jubilados de Salud, de la Policía y a militares, además de una representante de docentes. Todos forman parte de los miles de víctimas del esquema corrupto de doble cobro por embargo de sus salarios con la ejecución de pagarés ya cancelados o de contenido falso, que son ejecutados en los juzgados de Paz, como parte de un rosca mafiosa.
COMPROMISO. Tras la reunión, la fiscala adjunta se comprometió investigar a toda la estructura; además, mencionó que se reunirá con los demás fiscales adjuntos con el objetivo de centralizar y unificar en una unidad todas las denuncias que tienen el mismo modus operandi.
Una de las víctimas, Ángela Zárate, explicó a ÚH que el motivo de la reunión con la fiscala adjunta Machuca es para que la Fiscalía también investigue a las casas comerciales, a los abogados que promueven las denuncias y a toda la estructura que opera en el esquema extorsivo.
“Queremos que se investiguen a las empresas, que son empresas de maletín, no tienen oficinas físicas, ni funcionarios, nada. Llamás a los números que te dieron y no atiende nadie, o dicen que llamás a un número equivocado. Nunca se hicieron encontrar para retirar tu pagaré”, denunció Zárate.
Sobre las empresas ligadas al esquema, resaltó que en su mayoría utilizan la misma fachada, que se dedican al rubro de venta de electrodomésticos, pero en verdad son prestamistas o usureros, que ofrecen dinero en las instituciones públicas y hacen firmar los pagarés sin fecha.
“En mi caso, la supuesta deuda la promovió la firma Vanesa y Asociados SA en el Juzgado de Nueva Italia, en el 2021, pese a que el préstamo lo hice en el 2013, en Fernando de la Mora, y lo cancelé en el 2015”, explicó la afectada. Sin embargo, tras presentar una denuncia contra la jueza de Paz, la magistrada renunció porque tenía en su poder 700 denuncias con pagarés.
En febrero pasado, nuevamente intentaron embargar su salario con el mismo pagaré, por una resolución del Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, cuyo juez Roberto Ferreira se encuentra procesado.
