Fue fallo unánime de los camaristas Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi, quienes ratificaron la resolución del 26 de agosto pasado dictado por el magistrado Rodrigo Estigarribia en la citada causa.
En su recurso, la defensa señaló que la extracción de datos autorizada por el juez debía ser revocada porque constituye un “fraude de etiquetas” al tratarse de una pericia.
Sin embargo, los camaristas realizaron una diferenciación entre la autorización del juez para la extracción de datos y la extracción misma que se lleva a cabo a través de medios técnicos y que constituye una pericia.
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Refieren que la extracción de datos pretende el aseguramiento de datos insertos y obrantes en dispositivos electrónicos.
Indicó que esto no constituye precisamente una pericia la cual lleve a la necesidad de hacer conclusiones u opiniones de parte de los peritos profesionales en la materia.
Refirió que una pericia supone la emisión de un dictamen u opinión y en una extracción de datos solo ocurre una exposición o producción de una copia de los archivos digitales insertos en dichos aparatos electrónicos sin opinión de parte.
Con ello, dicen los camaristas que no existe vulneración al derecho de la defensa, ya que el magistrado le dio intervención.
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Por su parte, Criscioni señaló que “para dicha pericia no se requiere la participación de la defensa, deben separarse la autorización judicial para la extracción de datos que es un requisito que surge de lo dispuesto en el artículo 200 CPP, que se aplica al no estar regulada expresamente la extracción de datos ya alojados en dispositivos electrónicos, de la forma de obtención de esos datos, una vez que haya sido dispuesta judicialmente la extracción”.
Con estos argumentos, finalmente, confirmaron la resolución dictada en el expediente por el juez Estigarribia.
En el caso, la Fiscalía pidió extraer los datos de unos 26 dispositivos incautados durante la investigación de la causa. De ellos, nueve fueron hallados en la residencia de los procesados Kueider y Giunsel; tres, en la del coprocesado José Fernando Cousirat, y 14 en la del procesado Amado Andrés Torales.
Tanto el ex senador Edgardo Kueider como su secretaria Iara Guisnel fueron imputados por supuesto lavado de dinero en la compra de departamentos en Paraguay con dinero que sería de origen ilícito.
