El ingeniero Ángel Recalde, ex titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y actual presidente del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE), analizó la polémica en torno a la empresa Atome y las eventuales intenciones de la firma de recurrir a un arbitraje internacional contra el Estado paraguayo tras la derogación de los decretos que establecían tarifas especiales para la industria de energía a X.
Sobre un posible reclamo financiero por supuestas ganancias no percibidas, Recalde consideró que una acción contra el Gobierno carecería de sustento legal suficiente. Explicó que el Ejecutivo está plenamente facultado a derogar sus propios decretos cuando estos no han entrado en vigencia efectiva a través de contratos específicos. Dado que nunca se firmó un acuerdo bajo el esquema tarifario de dichos decretos, no existen obligaciones vinculantes que justifiquen una indemnización.
El ex titular de la EBY enfatizó que la relación legal vigente entre las partes descansa en el contrato firmado en 2022 entre Atome y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), sujeto a las tarifas del Pliego 21. En ese documento inicial se preveía una provisión de 60 megavatios y una puesta en marcha fijada originalmente para entre 2024 y 2025. Aunque posteriormente se suscribieron adendas para aumentar la potencia a 145 megavatios, las sucesivas postergaciones de la entrada en operación de la planta —trasladada a 2027 y luego a 2029— responden a dilaciones de la propia empresa. Aseveró que por este motivo, si existe una parte con fundamentos para reclamar el incumplimiento de los compromisos asumidos, esa es la ANDE.
Por otro lado, Recalde advirtió que, además de posibles demandas internacionales, la marcha atrás con las normativas emitidas –como sucedió con los cuestionados decretos energéticos que fueron derogados– perjudica más la imagen y la previsibilidad de Paraguay ante los inversionistas internacionales.
No hubo acuerdo. Según constan en documentos oficiales que forman parte del archivo de la ANDE, la empresa estatal no aceptó las condiciones tarifarias propuestas por Atome PLC. Asimismo, durante la gestión del ex presidente Félix Sosa, no se firmaron nuevos compromisos con la firma británica, específicamente vinculados por las tarifas para las industrias convergentes, establecidas en los polémicos decretos. Según los archivos, el rechazo final a los planteamientos fue firmado por Sosa y comunicado a Atome el pasado 28 de junio del 2026, poco antes de su reemplazo como titular de la estatal de electricidad.
