Desde la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay manifestaron su rechazo a lo que consideran amenazas y hostigamientos que se habrían dado contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y los agentes al frente de investigaciones penales.
En ese sentido, señalaron que las circunstancias en que se produjeron los episodios son como consecuencia de una investigación que derivó en la imputación de una persona que ocupó un cargo público y tiene por objetivo amedrentar a quienes representan los intereses de la sociedad en la persecución de hechos punibles.
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Aseguraron que los ataques buscan que la investigación fiscal se ajuste a intereses particulares y, por último, pretenden confundir a la ciudadanía y a los medios de comunicación, realizando afirmaciones falsas.
Si bien no mencionan el nombre, se podría entender que hacen referencia al ex fiscal y ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien fue imputado recientemente por cohecho pasivo y denunció la incautación de documentos que no guardaban relación con la investigación e involucraban al ex presidente de la República, Horacio Cartes.
El comunicado expresa que las amenazas de denunciar a los agentes fiscales ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y ante la Justicia, por actuaciones realizadas dentro de una investigación, las cuales fueron efectuadas en el marco de la ley, así como los intentos de amedrentamientos proferidos por personas que ostentan cargos públicos o los tuvieron, constituyen hostigamientos mediáticos con fines evidentemente políticos.
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Sobre el punto, indica que, además de afectar la dignidad y esfera personal de los agentes fiscales, atentan contra el Estado de Derecho y las instituciones democráticas.
“Estos comportamientos sistemáticos buscan desacreditar ante la sociedad los avances que se dan en las pesquisas y muy lejos se encuentran de alcanzar una de las finalidades procuradas por sus autores, que es la de torcer el ánimo inquebrantable de esclarecer los hechos”, remarca.
Debido a lo expuesto previamente, condena y repudia los actos que pretenden encaminar las investigaciones con fines distintos a la búsqueda de la verdad y pide a la ciudadanía recurrir a los mecanismos legales y realizar denuncias responsables si hubieren motivos que pusiesen en duda la objetividad de los integrantes del Ministerio Público.
“La asociación insta a no recurrir a ataques u ofensas que busquen afectar la investidura y la reputación de quienes tienen a su cargo la representación de la sociedad en los estrados judiciales”, expresa.
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Finalmente, pronuncia su solidaridad con la fiscala general del Estado y los agentes Alicia Sapriza y Osmar Legal, quienes, aseguran, fueron víctimas de los hechos citados más arriba en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, es muy criticada por representantes de los diferentes partidos políticos, quienes la acusan de proteger y no investigar al ex presidente de la República, Horacio Cartes.
Debido a esto y otros cuestionamientos, se impulsaron varios pedidos de juicio político en su contra, que no prosperaron gracias a la ayuda del sector colorado que responde a Cartes.
Incluso, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuestiona la credibilidad de la institución y estuvo a favor del juicio político.
