El gremio de fiscales y procuradores generales de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIlAMP) emitió una declaración en la cual manifestaron su postura en contra del juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
En el escrito, señalaron su rechazo al planteamiento que calificaron como una amenaza a la autonomía de la Fiscalía y aseveraron que se trata de un “enfrentamiento entre grupos ajenos” al Ministerio Público.
“Rechazamos los actos de presión contra las instituciones que dirigimos, en la medida que pueden afectar su autonomía e independencia en la investigación y persecución penal de hechos que pueden ser constitutivos de delito, bajo el principio de objetividad y, con pleno respeto de los derechos y garantías fundamentales”, expresaban en su manifiesto.
Asimismo, los fiscales y procuradores de Iberoamérica aseveraron que la Fiscalía tiene autonomía e independencia respecto al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional.
“Expresamos nuestra preocupación por los actos que podrían constituir amenazas a esa autonomía e independencia sobre la Fiscalía General del Estado del Paraguay y su titular Sandra Quiñonez (…). Reafirmamos la defensa de dichos principios frente a cualquier tipo de intimidación por el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales”, finaliza la declaración.
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Postura local
Días pasados, los fiscales del país también manifestaron “preocupación” ante el posible juicio político a Sandra Quiñónez y alegaron que “afectaría la institucionalidad” de la Fiscalía, así como la Asociación de Magistrados Judiciales de la República del Paraguay que instaron a las autoridades “a respetar la institucionalidad e independencia” del Ministerio Público.
Situación de los votos
Entre la oposición y los parlamentarios de Colorado Añetete hasta el momento suman unos 49 votos a favor del juicio, mientras que Honor Colorado tiene 24 votos asegurados para rechazar la propuesta.
Los votos de la bancada llanista serán claves para inclinar la balanza a favor o en contra del juicio político a la titular del Ministerio Público, a quien se le cuestiona su parcialidad manifiesta con relación a las causas vinculadas al ex presidente de la República Horacio Cartes.
