El Ministerio Público confirmó la designación del fiscal Jorge Arce para llevar la investigación por los hechos de presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso de poder.
El agente formó parte del equipo de trabajo integrado por los fiscales Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, quienes en junio del 2025 terminaron solicitando la desestimación de las denuncias en contra de Horacio Cartes, presidente de la ANR, partido del Gobierno.
Luego de muchos años de investigación, concluyeron que no hubo delito alguno y que Cartes no cometió enriquecimiento ilícito, contrabando y lavado de activos, que era la denuncia de Arnaldo Giuzzio en su contra.
El Juzgado finalmente hizo lugar al pedido de desestimación y el caso quedó cerrado. En ese entonces, la Fiscalía fue duramente cuestionada y dio lugar a especulaciones.
Siete meses después, investigan a Peña
Fue el 1 de octubre del 2025, cuando legisladores de la oposición presentaron la denuncia en contra del presidente de la República y de eso pasaron casi ocho meses sin que se abra la investigación.
La fiscala adjunta Soledad Machuca, cuando todavía era titular de UDEA, pidió a la Contraloría General de la República un dictamen para allí ver si se abre o no una investigación.
El órgano contralor respondió recién el pasado lunes, que dictaminó que existe correspondencia entre lo declarado por Peña y la información que figura en los registros institucionales constatados en dos periodos.
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Concluyeron que “no se han identificado elementos que configuren el incremento patrimonial no razonable o no proporcional a los ingresos lícitos del declarante”.
Se analizaron dos etapas: la primera, del 2014 al 2017, tiempo en que Santiago Peña fue director del Banco Central del Paraguay (BCP).
En esta primera etapa, dijeron que “no hubo un incremento patrimonial llamativo o importante en ese periodo”, según confirmó Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas.
No pudieron verificar el lapso de seis años (2018-2023), cuando el presidente de la República no estuvo en la función pública y tuvo un crecimiento patrimonial de “poco más de G. 22.000 millones”.
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La segunda etapa fue desde que asumió la Presidencia, hasta septiembre del 2025, mes en que el mandatario presentó una actualización en sus DDJJ.
La denuncia contra el presidente de la República
Según los legisladores de la oposición, Peña tuvo un aumento patrimonial injustificado de 1.603%, compras de bienes sin respaldo legal y contratos por G. 992.000 millones a empresas vinculadas.
Como primer punto, la denuncia remarca una brecha de crecimiento económico del presidente Santiago Peña de unos G. 21.672 millones.
Supuestamente, los bienes adquiridos no tienen una documentación que respalde su procedencia, lo que pone en duda la legalidad de las transacciones y su origen, según indicaron.
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En cuanto a tráfico de influencias, se remarcan los nexos de Peña con empresas adjudicadas con más de 29 contratos públicos, por un valor total de G. 992.000 millones.
La denuncia fue presentada por los parlamentarios Raúl Benítez, Johanna Ortega y los senadores Adrián Vaesken, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Esperanza Martínez e Ignacio Iramain.
¿Cómo pagó su mansión en San Bernardino?
Respecto a la mansión de USD 2 millones que posee en San Bernardino, Torres afirmó a la 1080 AM que “no hay nada irregular en la construcción de la casa, con base en los análisis documentales”.
Dijo que se solicitó documentación a la empresa constructora Gómez Abente SA y a la Municipalidad de la ciudad. Esta última institución “nunca respondió a la Contraloría”.
“El primer pago fue en abril de 2024 con un préstamo realizado en el banco ueno y corroboramos la coherencia. El segundo, él consignó que realizó con el rescate de las acciones de ueno Holding; también se verificó la coherencia de los pagos y coincide”, explicó Torres.
Hasta el cierre del dictamen de la Contraloría, una tercera cuota de USD 300.000 seguía pendiente. En total, Peña pagó USD 600.000 por la mansión, sin sumar el valor del terreno.
