El examen de correspondencia realizado a las declaraciones juradas del presidente Santiago Peña ya se encuentra en poder de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.
El documento fue remitido por la Contraloría General de la República en el marco del escándalo que salpicó al mandatario y a su esposa, Leticia Ocampos, en el 2025 por el hallazgo y desaparición de supuestos sobres con dinero en dólares en Mburuvicha Róga, caso conocido como los “sobres del poder”.
Tras el escándalo, un grupo de parlamentarios de la oposición presentaron una denuncia penal, en la que señalan supuestos casos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y manejo irregular de recursos públicos en beneficio propio durante su mandato. Remarcaron una brecha de crecimiento económico de unos G. 21.672 millones.
El mandatario, por su parte, solicitó a la Contraloría una revisión integral de sus DDJJ tras la denuncia de la oposición.
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Sin evidencias de enriquecimiento ilícito
La Contraloría dictaminó que existe correspondencia entre lo declarado por Peña y la información que figura en los registros institucionales constatados en dos periodos, por lo que “no se han identificado elementos que configuren el incremento patrimonial no razonable o no proporcional a los ingresos lícitos del declarante”, concluye.
Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas, detalló en diálogo con radio Monumental 1080 AM que los análisis del organismo de control se centraron en dos etapas:
El primero, del 2014 al 2017, abarca el tiempo en que Peña se desempeñó como director del Banco Central del Paraguay (BCP) y su posterior gestión como ministro de Hacienda en la administración Horacio Cartes.
El segundo periodo de análisis se basó desde su asunción hasta septiembre del 2025, mes en que el mandatario presentó una actualización en sus DDJJ.
Para estudiar documentaciones correspondientes a tres años y dos meses, los técnicos de la Contraloría utilizaron el método de margen residual, el cual arrojó que existe correspondencia en el periodo del 2014 al 2017.
“No hubo un incremento patrimonial llamativo o importante en ese periodo”, acotó.
En el lapso de seis años, del 2018 hasta el 2023, el presidente de la República tuvo un crecimiento patrimonial de “poco más de G. 22.000 millones”, de acuerdo con el funcionario de la Contraloría. Sin embargo, la Contraloría no tiene competencia para analizar a personas por fuera de la función pública.
“La mayoría de ese crecimiento está alojado en el sistema financiero formal”, subrayó, tras señalar que este está sujeto a la identificación del cliente, monitoreo transaccional y la verificación del origen de los fondos.
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Para el segundo periodo ya hubo un análisis “más objetivo”, calificó Torres, al indicar que se accedió a todas las documentaciones.
“Se hizo con periodicidad mensual y se utilizó el método de flujo de cajas (ingresos y egresos) y ningún solo mes arrojó déficit. Este trabajo está evidenciado con documentación respaldatoria que obtuvimos del sistema financiero, DDJJ y también de las entidades públicas a las que solicitamos informes”, explicó.
¿Cómo pagó su mansión en San Bernardino?
Respecto a la mansión de USD 2 millones que posee en San Bernardino, Torres afirmó que “no hay nada irregular en la construcción de la casa, con base en los análisis documentales”.
Se solicitó documentación a la empresa constructora Gómez Abente SA y a la Municipalidad de la ciudad. Esta última institución “nunca respondió a la Contraloría”, siguiendo las declaraciones de Torres.
La firma privada remitió el contrato de construcción por USD 900.000, las facturas y el monto total de la construcción.
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“El primer pago, que verificamos, se pagó en abril de 2024 con un préstamo realizado en el banco Ueno y corroboramos la coherencia, si la fecha coincidía con el préstamo y la transferencia a la empresa. El segundo pago él consignó que realizó con el rescate de las acciones de Ueno Holding; también se verificó la coherencia de los pagos y coincide”, aseguró.
Hasta el cierre del dictamen de la Contraloría, una tercera cuota de USD 300.000 seguía pendiente. En total, Peña pagó USD 600.000 por la mansión, sin sumar el valor del terreno.
