En su resolución, el 14 de agosto pasado, la magistrada del fuero Civil Nilda Benítez había ordenado a la binacional reparar el sistema de alcantarillado cloacal de la ciudad de Encarnación en un plazo de 45 días.
La garantía constitucional fue promovida por la Municipalidad de Encarnación en contra de la EBY, y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Esto, luego de constatar que 63 estaciones de bombeo, solo una estaba en óptimas condiciones de funcionamiento.
De ellas 62 estaban a cargo de la EBY y una a la Essap. Por el mal funcionamiento de la red cloacal, las aguas negras eran vertidas directamente a los arroyos subembalsados de la ciudad con lo que los contaminaban.
Tras la denuncia respectiva, el 20 de agosto, el Jurado en forma unánime inició el enjuiciamiento de la magistrada por supuesto mal desempeño en sus funciones y se solicitó la suspensión en el cargo.
Rechazo del pedido
Esta mañana, en la sesión de la Corte, los ministros trataron el pedido de suspensión de la jueza en lo Civil y Comercial del cuarto turno de Encarnación, Nilda Concepción Benítez Caballero.
El ministro Víctor Ríos sostuvo que no se podía suspender a una magistrada por la resolución que dictó, aún cuando sea confirmada o revocada por el Tribunal de Apelación. Indicó que era una cuestión de salud pública.
Dijo también que la escucharon y los argumentos que esgrimió en su resolución, por lo que votó por rechazar el pedido de suspensión del JEM.
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Su colega Manuel Ramírez Candia, uno de los representantes de la Corte Suprema ante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que había pedido la suspensión, dijo que tras escuchar los argumentos de la jueza, no encontraba motivo para la suspensión.
El ministro César Garay, por su parte, también representante de la Corte ante el JEM, mantuvo su postura de suspender a Benítez Caballero, y que había varios argumentos válidos para la suspensión, entre ellos, el plazo de presentación del amparo.
Por su parte, el presidente Alberto Martínez Simón, se adhirió a lo dicho por Ríos, ya que indicó que leyó el fallo y la resolución el Tribunal de Apelación de Encarnación.
Alegó que era un asunto bastante complicado, ya que se esgrime el argumento del plazo de 60 días para la promoción del amparo. Sin embargo, afirmó que era un tema de arduo debate que no tenía solución, ya que eran los daños continuados, algo que en el fuero penal también se da con los delitos continuados, sostuvo.
Apoyó a Ríos en el sentido de que el hecho de que se confirme o se revoque el fallo no era un argumento para el enjuiciamiento. Finalmente, sostuvo que tampoco encontraba méritos para la suspensión.
Tras la votación, votaron por rechazar el pedido, los ministros Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez, César Diesel, Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón. El único que votó por la suspensión fue el ministro César Garay. Con ello, se rechazó el pedido del JEM.
Nombran a edificio Pytyvõ
En la misma sesión, el pleno de la Corte aprobó un informe sobre el nuevo edificio ubicado al costado del Palacio de Justicia, sobre la calle Testanova, cuya inauguración se prevé para el 20 de noviembre aproximadamente.
El edificio estará destinado a las oficinas de apoyo al sistema jurisdiccional, por lo que se aprobó la denominación de Pytyvõ (ayuda, apoyo).
El ministro Víctor Ríos realizó una intervención netamente en guaraní para agradecer el hecho de que la Corte haya aprobado nombrar al edificio de dicha manera y resaltó que el Máximo Tribunal es una de las pocas que comparte sus sesiones en ambos idiomas oficiales.
