21 dic. 2025

Fiscal adjunto desmiente acusación del senador Zacarías Irún sobre causas de Prieto

El fiscal adjunto del Área X de Alto Paraná, Jorge Sosa, salió al paso de las acusaciones del senador Javier Zacarías Irún (ANR), quien denunció que la Fiscalía obstaculiza una investigación sobre un presunto nepotismo en la gestión del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).

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El fiscal adjunto del Área X de Alto Paraná, Jorge Sosa (derecha), junto al ex embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield.

Foto: Édgar Medina.

El fiscal adjunto del Área X de Alto Paraná, Jorge Sosa, rechazó las acusaciones de manipulación política y aseguró que el Ministerio Público actúa con objetividad, independencia y compromiso con la transparencia.

“El único interés es esclarecer los hechos y que los responsables enfrenten a la Justicia sin injerencias de ninguna clase”, acorde a un material emitido a través de la Oficina de Prensa.

El adjunto explicó que la denuncia presentada por ciudadanos, por supuestos hechos de estafa, nepotismo y tráfico de influencias, fue remitida en tiempo y forma a la Fiscalía General del Estado, tras una solicitud de la fiscala Carolina Rosa Gadea, de la Unidad Penal 5, quien consideró que los hechos afectan a la administración pública y el orden económico, lo que requiere la intervención de unidades especializadas.

Lea más: Zacarías Irún insta a Miguel Prieto a permitir intervención en CDE

En el mismo sentido, el fiscal Gabriel Segovia Villasanti actuó con otra denuncia similar contra concejales municipales, también derivándola a la Fiscalía Adjunta.

Ambas remisiones se hicieron conforme al Instructivo 01/2012 y la Ley 287/06, que establece la obligatoriedad de enviar estos casos a las unidades especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Nota relacionada: Prieto hace demostración de fuerza en CDE ante pedido de intervención

El fiscal adjunto recordó que la Ley 2880/06 penaliza los hechos punibles contra el patrimonio del Estado cuando el perjuicio supera los 5.350 jornales mínimos, lo que fundamenta aún más la intervención de dichas unidades.

También aclaró que se mantiene una coordinación constante con la Fiscalía General para evitar conflictos de competencia.

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