Para el próximo 22 de setiembre fue fijada la fecha del inicio del juicio en contra del ex intendente de la ciudad de Lambaré Armando Gómez. Se trata de la primera causa en su contra, donde está acusado por supuesta lesión de confianza y apropiación, por el descuento del aporte jubilatorio de funcionarios que no se transfería a la Caja Municipal.
El Tribunal de Sentencia estará conformado por los jueces Adriana Planás, Matías Garcete y Elsa García, quienes juzgarán al ex jefe comunal, acusado por el supuesto desvío de G. 7.315 millones de los aportes de los funcionarios de la Comuna.
En esta causa, el fiscal Eugenio Ocampos concluyó que hubo apropiación de los aportes descontados a los funcionarios permanentes de la Municipalidad de Lambaré, que no fueron transferidos a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal.
Se habla de un esquema “creado y liderado por el ex intendente de la Municipalidad Armando Ramón Gómez y Roberto Paredes (este con sobreseimiento provisional)”, según el fiscal.
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La investigación se basó en las irregularidades que saltaron tras una auditoría interna.
¿Cuál era el modus operandi?
Según la ley del Municipio, se deben depositar los aportes jubilatorios en la Caja, que se hacen mediante descuentos en el salario a los funcionarios.
Para ello, el Departamento de Recursos Humanos elabora una planilla de pagos y descuentos, y eso va a la Dirección de Administración de Finanzas, donde se firma el registro, para luego enviar al Departamento de Contabilidad.
Una vez recepcionado, esta planilla deber volver a Administración de Finanzas, para hacerle firmar al intendente –en ese entonces, Armando Gómez– para el pago de salario y descuentos.
A partir de ahí, la Administración “no elaboraba nunca la orden de pago para la correspondiente transferencia de los aportes descontados” a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.
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Con este modus operandi, se dejó de transferir los descuentos desde el 2015 hasta aproximadamente el 2019, causando el millonario perjuicio, según la investigación fiscal. Y la Intendencia terminó debiendo la suma de G. 7.315.878.567 a la Caja Municipal.
Todo ese monto que se descontó a los funcionarios permanentes, “se mal utilizó” y nunca apareció, según el reclamo desde la propia Municipalidad.
