La víctima tenía 9 años cuando quedó al cuidado de la abuela debido a que su padre estuvo internado en un hospital de Asunción para una cirugía del corazón. La ocasión fue aprovechada por su tío para abusar de la pequeña en reiteradas ocasiones.
Tras la denuncia, el hombre de 34 años se dio a la fuga, pero tiempo después los familiares de la niña se enteraron de que el supuesto abusador ya contaba con arresto domiciliario, otorgado por el juez Ramón Alberto Florentín, de Curuguaty.
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Este jueves debía realizarse la audiencia preliminar del caso, pero el abogado defensor del imputado presentó un certificado médico para suspender la audiencia.
Los familiares exigen la elevación a juicio oral y público y la revocatoria del arresto domiciliario, además de denunciar al juez ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El padre de la niña señaló que nunca esperó que esto suceda con su pequeña.
“Yo tuve una cirugía muy grande y viajé a la capital con mi señora para mi intervención y ella quedó con su abuela. Este hombre, que es mi concuñado, vive en frente y aprovechó y abusó de mi hija varias veces”, reveló.
Asimismo, dijo que su hija contó en detalles lo que pasó a la psicóloga en la cámara Gessel y que el hombre en todo momento amenazaba con matar a la pequeña si lo contaba. El padre lamentó que, a pesar de todas las pruebas, el juez le dio arresto domiciliario y ni siquiera les comunicó.
“Pedimos justicia y no vamos a descansar hasta conseguir. Este hombre debe ir a prisión, debe pagar por lo que hizo, mi nena sufre de depresión y todavía no se recuperó de todo el sufrimiento. Este abusador nos sigue amenazando y burlándose de nosotros diciendo que somos pobres y ellos ricos y no vamos a poder contra él”, señaló consternado el papá.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Néstor Narváez, también pedirá la elevación a juicio oral y público y la revocatoria del arresto del imputado. Intentamos hablar con el juez Ramón Alberto Florentín, pero se negó a recibirnos.
Recientemente, el Congreso elevó la pena a 30 años de cárcel para los casos de abuso sexual en menores de edad.
La identidad del sospechoso se omite en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
