El denominado oficialmente gasto tributario es básicamente lo que el Fisco paraguayo deja de recaudar cada año debido a las exoneraciones que brinda sobre los impuestos.
El proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023, actualmente en estudio en el Congreso, indica que las exenciones fiscales le costarán el año que viene G. 4,1 billones (USD 583 millones) al Estado.
Para tener una idea de lo que representa ese número, el PGN 2023 señala que significa un poco más del 1,3% del producto interno bruto (PIB), indicador que mide la riqueza de nuestro país.
Si bien generalmente las comparaciones resultan antipáticas o hasta fastidiosas, el monto que el Fisco tiene previsto dejar de recaudar en el 2023 es incluso mayor que el endeudamiento que asumirá por la emisión de bonos, tanto a nivel internacional como local: USD 548 millones.
Si esa comparación trasladamos a la recaudación de impuestos, tenemos que las exenciones representan el 13% de todos los impuestos que entrarán a las arcas del Estado en 2023, siempre según las proyecciones del Ministerio de Hacienda.
A nivel presupuestario, se puede ver que el gasto tributario podría cubrir el 58% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) o el 51% del Ministerio de Salud Pública, entes claves dentro de las políticas públicas.
La justificación que dan las sucesivas administraciones públicas es que estos beneficios fiscales tienen como fin reducir los precios de productos elementales y aumentar la inversión privada.
Por ejemplo, en el IVA, esto se aplica a la disminución de artículos de la canasta básica y medicamentos, que tributan en la actualidad el 5%, la mitad que los demás bienes o servicios. En renta, por su parte, el objetivo es incentivar la inversión privada, con regímenes aún con mediana deducibilidad.
Ahora bien, en esta última parte quiero hacer una pausa: ¿estas exoneraciones son realmente estímulos o se convirtieron en beneficios eternos para determinados grupos económicos?
La administración de Mario Abdo Benítez, al asumir en agosto del 2018, había anunciado que iniciaría un proceso de revisión para conocer el impacto de estos regímenes especiales, pero a más de cuatro años de eso, poco y nada se sabe sobre si realmente generaron los resultados esperados en cuanto a la inversión, si sirvieron para aumentar la mano de obra ocupada o si permitieron un mejoramiento de los productos que ofrece Paraguay al mundo.
El dinero que deja de entrar todos los años al Estado –ya sea para gasto rígido, inversión o gasto social–, así como las brechas físicas y sociales, son cada vez más enormes como para seguir mirando al costado y dejar pasar esto año tras año. Si bien es cierto que la reducción del IVA para productos sensibles está justificada, no es menos cierto que muchos incentivos en renta y en derechos aduaneros no tienen mucho sustento en un país ya de por sí con tasas tributarias muy bajas y una presión fiscal que ni siquiera llega al 10% del PIB.
En medio de un difícil panorama para las finanzas públicas, tras superar la pandemia y una sequía que golpeó duramente al campo, a lo que hay sumarle el conflicto entre Rusia y Ucrania que motivó un esfuerzo fiscal importante para contener el precio del combustible, ponerle fin a incentivos que no tienen un efecto rebote en la economía podría darle un respiro importante al Tesoro para el financiamiento de programas que permitan ir reduciendo las alarmantes desigualdades.
