Un inspector de la Patrulla Caminera presentó ante la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, un recurso de quejas formales con el cual, en representación de varios funcionarios afectados, exigen que los supuestos hechos de corrupción denunciados durante la administración del ex director Osvaldo Cabrera sean investigados.
Los afectados piden llegar a los responsables de una serie de irregularidades que hasta el momento están impunes. Apuntan principalmente a Cabrera, al director operativo Florencio Vargas; al jefe regional de Central y jefe de zona, Humberto Rojas; y al ayudante de la zona central San Lorenzo, Mayor Bordón.
“Aparentemente conformaron una asociación estructurada jerárquicamente u organizada, dirigida a la comisión de supuestos hechos punibles”, afirma el escrito, que fue presentado bajo patrocinio de las abogadas Natalia Ovando y Myrian Estela López González.
La primera denuncia penal que exigen que se investigue como corresponde tiene que ver con un supuesto esquema de aprietes para coimas o una caja paralela que ya fue presentada en diciembre del año pasado por el entonces senador Martín Arévalo ante el Ministerio Público. Se señala que los superiores supuestamente incitaban a los inspectores a coimear, exigiéndoles aportar semanalmente desde G. 1 millón.
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“La supuesta extorsión a los inspectores subalternos consistía en dar dinero de manera semanal, quincenal y mensual. Son coaccionados e instigados por los jefes para que cobren las multas sin recibos de dinero, caso contrario, son castigados con recargo de servicios o traslados”, indica, añadiendo que para los traslados o comisionamientos al interior del país también eran obligados a pagar G. 5.000.000.
Instan, a su vez, a investigar la supuesta eliminación de informes de antecedentes de movimientos registrados en el sistema informático por un técnico externo del MOPC y la Caminera, así como denuncian que algunos de los jefes regionales les cobran G. 100.000 por usar los aparatos alcoholímetros.
“Aparentemente existen manipulaciones sobre los equipos de radares y alcoholímetros utilizados por los inspectores de diferentes lugares del país, manipulación de datos a fin de alterar datos o eliminar pruebas comprometedoras”, añaden.
En el texto afirman que del presunto esquema de aprietes o extorsión tanto para coimear como para pagar por los alcoholímetros es testigo el ex inspector Milciades Ojeda, quien incluso se vio obligado a renunciar a su cargo ante el “hartazgo”.
El trabajador supuestamente fue obligado a comprar un aparato por valor de G. 12 millones, ya que lo acusaron de que en su poder se descompuso.
Acoso sexual y planillerismo
También se reclama una pesquisa respecto a una denuncia por acoso sexual dentro de la Patrulla Caminera durante la misma administración de Cabrera.
La funcionaria María Estela Silva Invernizzi, presidenta de la Asociación de Mujeres, se había pronunciado sobre el caso y también había denunciado persecución y descuentos compulsivos en la institución luego de acompañar denuncias de sus compañeras.
“No hubo sumario administrativo alguno para los denunciados, por lo cual solicito se haga efectiva la investigación sumaria correspondiente y sobre todo se nombre a un funcionario antiguo capaz de la institución para una intervención”, requirió el denunciante.
Con el reclamo, también se dio a conocer una copia de la renuncia de una inspectora de nombre Ana Paredes, quien incluso había dimitido a su cargo, a causa de un supuesto acoso por parte de sus superiores. No obstante, se aclara que la mujer fue convencida a continuar en su puesto, ya que es madre y necesitaba el trabajo.
Seguidamente, otra denuncia a la que hacen referencia es a supuestos privilegios o favoritismos con algunos inspectores, como el caso de María Elena Velázquez Ramos, quien supuestamente era planillera, ya que solo se presentaba para marcar su entrada y salida.
También recuerdan que la Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que unos 16 inspectores de la Patrulla Caminera cobraron sus salarios en sus casas sin siquiera trabajar.
Mientras tanto, los inspectores piden también que se investigue el caso de Mauricio Rodas Fernández, un trabajador que falleció durante un accidente de tránsito en medio del desempeño de sus funciones en la Patrulla Caminera. El hecho había ocurrido en mayo pasado sobre la ruta Transchaco.
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Afirman que, al momento del hecho, Rodas ya tenía que estar de franco, debido a que estuvo comisionado por 15 días en su lugar de trabajo, pero pese a esto fue enviado a cumplir más funciones. “Los superiores actuaron con él en forma inconsciente al darle una misión en vez descansar”, reclama el texto.
Finalmente, denuncian proselitismo dentro de la institución de tránsito, afirmando que en los últimos tiempos las autoridades de turno obligaron a varios funcionarios a asistir a reuniones políticas. Aseguran que incluso colocaron un cartel político en la sede central de la Caminera, ubicada en San Lorenzo, Departamento Central.
