A poco más de dos años de haber salido de la función pública, Soledad Núñez, ex ministra de la entonces Secretaría Nacional de Vivienda y el Hábitat (Senavitat), se mostró preocupada por cómo se encaran los proyectos en lo que hoy ya constituye una cartera ministerial.
Entre sus críticas puso el foco en los cambios relacionados con el aumento del costo de las viviendas y la gestión de urbanización en Paraguay, la cual desde su perspectiva se vio afectada con la creación del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
“Hay una superestructura que cargó mayor burocracia a una institución que hoy día debería estar gestionando las ciudades con mayor contundencia”, refirió en contacto con radio Monumental 1080 AM.
Núñez fue contundente al decir que no ve “ninguna señal o intención” de transformar el MUVH en una institución que gestione ciudades más inclusivas y articule con los gobiernos locales la buena administración de sus territorios.
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“Debería haber una política más agresiva en cuanto a las metas, objetivos y ambiciones de poder lograr que cada paraguayo tenga acceso a una vivienda digna”, manifestó.
La ex secretaria de Estado enfatizó en que Paraguay debe aumentar la inversión pública en viviendas, pero además sugirió a la administración de turno enfocarse en las medidas para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.
“Yo apostaría a abordar el déficit cualitativo que sigue siendo una deuda enorme. La necesidad que tienen miles de familias de ampliar o mejorar su vivienda”, señaló.
Al respecto, explicó que apuntar a la ampliación y refacción como una medida inmediata puede ser una respuesta.
Esto en atención a que las obras de mejoramiento son técnicamente sencillas, no requieren de un largo plazo para la proyección y generan mano de obra masiva.
Desde el MUVH, el ministro Dany Durand había presentado al Equipo Económico Nacional (EEN) una propuesta para la construcción de 11.000 viviendas, en el marco del plan de reactivación económica pospandemia.
Es un plan que contempla un total de 6.000 viviendas en el área social, 3.000 casas para la clase media baja y 2.000 viviendas económicas, que se podrán llevar adelante tras un convenio con empresas loteadoras, de modo a poder facilitar cuotas desde G. 1 millón para adelante.
