El ex jefe comunal había sido hallado culpable de lesión de confianza y uso de documentos no auténticos por un perjuicio patrimonial de G. 722.600.000, en contra de la citada Municipalidad.
En juicio oral, la Fiscalía probó que González, lesionando sus deberes legales, ordenó los desembolsos de dinero provenientes del Fonacide y royalties.
Los fondos debían ser destinados a la construcción de obras públicas en escuelas, en la vía pública y en un centro comunitario en Arroyito, pero no fueron realizadas. Su defensor Rigoberto López Rojas había planteado casación contra el fallo del 14 de junio del 2022, por el que el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, ratificó el fallo dictado en el juicio oral el 18 de marzo del 2022. Los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y César Garay, en forma unánime, votaron por declarar inadmisible para su estudio el recurso de casación porque no cumplía con los requisitos. Ahora, la condena quedó firme y el ex intendente deberá ir a prisión.
