El magistrado de Garantías especializado fijó para el próximo 30 de octubre, a las 08:30, la audiencia preliminar para estudiar el pedido realizado por los fiscales Marcelo Saldívar y Daniela Benítez.
El 21 de setiembre de 2024, los citados fiscales habían solicitado la reapertura de la causa y el sobreseimiento definitivo de todos los procesados.
Sin embargo, hubo un conflicto de competencia entre el juez Rodrigo Estigarribia y la jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía.
Después, el 21 de agosto pasado, la Sala Penal de la Corte dispuso que el juez competente en la causa era el magistrado Estigarribia, y remitió el expediente al mismo para continuar con la causa.
Ahora, el magistrado finalmente dispuso la reapertura de la causa contra el citado ex titular de la Conajzar José Antonio Ortiz, a más de Ricardo Núñez, hermano del senador Basilio Bachi Núñez; Raúl Mariano Silva, Carmen Alonso, Osmar Mongelós y el actual diputado Rubén Rousillon, quienes en su momento integraron el Consejo de Administración de Conajzar.
La investigación realizada por el Ministerio Público fue por los supuestos delitos de lesión de confianza, exacción, usurpación de funciones públicas y prevaricato.
Tras la pesquisa realizada por la Fiscalía, en un primer momento, ya se pidió el sobreseimiento definitivo, a lo que el juez le dio trámite de oposición, por lo que la fiscala adjunta Nancy Salomón, solicitó el sobreseimiento provisional el 22 de agosto de 2023.
Finalmente, el sobreseimiento provisional fue admitido el 21 de setiembre de 2023, por el juez de Garantías, con lo que tenían hasta el 21 de setiembre de 2024, para pedir la reapertura de la causa.
La Fiscalía solicitó la reapertura y el sobreseimiento definitivo el 21 de setiembre de 2024, dentro del año, aunque con el conflicto de competencia, recién ahora es admitido por el juez que estudiará el pedido.
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Con ello, se fijó la preliminar para el 30 de octubre próximo, donde estudiará el pedido de sobreseimiento definitivo del Ministerio Público.
Hace unos días, el juez Rodrigo Estigarribia había levantado la medida cautelar y sobreseído definitivamente a Álvaro Wasmosy, uno de los que habían sido procesado. El magistrado cumplió de esa manera con el fallo del Tribunal de Apelación Penal, que lo sobreseyó.
La investigación
En principio, en la imputación, el Ministerio Público aseguraba que se constataron muchas irregularidades en la concesión a la empresa Tecnologies Devenlopment of Paraguay (TDP SA) para la explotación de La Quiniela; la autorización a la firma I-CROP SA para la explotación de máquinas tragamonedas y la reducción del 50% del canon en concepto de explotación de juegos de azar.
Sin embargo, tras la pesquisa, los fiscales concluyeron que no hubo ningún perjuicio patrimonial para el Estado como consecuencia de la firma del convenio entre Conajzar y la firma TDP SA.
Sobre el prevaricato, afirman que los ex funcionarios no han tergiversado el derecho, ya que el proceso licitatorio fue ratificado por la Procuraduría General de la República, Abogacía del Tesoro y la Presidencia de la República.
“La postura adoptada por los entonces miembros de la Comisión Nacional de Juegos de Azar ha sido ratificada por otros organismos que han determinado la regularidad de las actuaciones realizadas en el marco de la Licitación Pública N° 3/2019 que adjudica la concesión del juego denominado Quiniela”, expresan los agentes.
