Es una de las medidas que debatió este miércoles la Mesa de Memoria Histórica, que se reunió para realizar un “análisis técnico y jurídico” sobre el fallo del Tribunal de Apelación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además de elevar la causa a la Justicia internacional, el organismo de memoria histórica también contempla recurrir el caso ante la propia CSJ, ya que se trata de una decisión de segunda instancia.
Antes de dar un paso hacia delante, la mesa quiere conocer la opinión de Santiago Rolón, la víctima del régimen paraguayo que en 1995 inició el proceso judicial contra los comisarios Camilo Almada Morel, alias Sapriza, y Eusebio Torres Romero por crímenes de tortura.
La Justicia paraguaya decidió dar el caso por sobreseído, alegando que había permanecido parado durante los últimos 17 años, una decisión que generó controversia porque la tortura está reconocida en la Constitución de Paraguay de 1992 como un delito que no puede prescribir.
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El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Óscar Ayala, explicó a Efe que su organización también ha trasladado la situación a la Organización de Naciones Unidas para visibilizar “el estado de impunidad” de los crímenes de la dictadura.
Además, Ayala señaló directamente a la Fiscalía de Paraguay por su “responsabilidad” en la falta de investigación para lograr la reapertura del caso, lo que calificó como un “rol negligente”.
El Ministerio Público emitió un comunicado en el que justificó que la causa se desarrolló con un código penal anterior que no le reconocía como un órgano acusador, por lo que la competencia residía en el Poder Judicial.
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Después de este revés judicial, la Mesa de Memoria Histórica acordó en su reunión pedir un informe detallado a la Corte Suprema de Justicia para conocer cuántas denuncias por crímenes de la dictadura permanecen sin resolver con el objetivo de evitar que se repita una situación similar.
Desde Codehupy estiman que al menos hay una decena de procesos judiciales abiertos, la mayor parte de ellos contra los funcionarios policiales del régimen de Stroessner que todavía permanecen con vida.
Bajo el régimen stronista, 20.814 paraguayos se vieron obligados a exiliarse de manera forzosa y 425 personas desaparecieron o fueron ejecutadas, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia. Paraguay solo ha recuperado 37 cuerpos de los desaparecidos en ese periodo, de los que la Dirección de Memoria Histórica y Reparación solo ha conseguido identificar a cuatro.
