16 mar. 2025

Es inaceptable la situación de la salud pública en el Paraguay

El estado en que se encuentra la salud pública en nuestro país es harto conocido y absolutamente insostenible. A diario, la ciudadanía soporta carencias, vive humillaciones y es testigo impotente de nuevas tragedias, como la muerte de un bebé en Villarrica por la falta de terapia neonatal. Asegurar el acceso a la salud a toda la población es obligación del Gobierno, y debe ser la principal prioridad para las autoridades y los funcionarios, si realmente quieren asumir sus responsabilidades y servir con eficiencia a sus mandantes.

Desde el fatídico día en que falleció un bebé en el Hospital Regional de Villarrica, el pasado fin de semana, han transcurrido varios días en los que el Gobierno de Santiago Peña ha guardado un vergonzoso silencio. Osman apenas vivió tres días porque en el hospital público a donde acudieron sus padres no había terapia neonatal.

El Hospital Regional de Villarrica había habilitado –hacía unos diez días– la Terapia Neonatal, en un acto oficial con corte de cinta y fotografía de las autoridades presentes: el presidente Santiago Peña; la ministra de Salud, María Teresa Barán, y el gobernador de Guairá, César Sosa. Se suponía que en este hospital público los bebés prematuros o con complicaciones podrían recibir asistencia especializada. Lo que sucedió y fue revelado tras la muerte del bebé es que, tras la foto oficial, los equipos se desmontaron y el servicio no fue habilitado.

Mientras el Gobierno permanece en silencio ante este caso que conmovió al país, en el Gran Hospital de Coronel Oviedo recientemente inaugurado, el familiar de una persona internada tuvo que caminar cinco kilómetros para comprar algodón, pues en el nuevo hospital no había.

La ciudadanía espera que pronto el Gran Hospital tenga los insumos y medicamentos necesarios y que los pacientes puedan efectivamente acceder a todos los servicios prometidos.

Sin embargo, otro bebé falleció hace un par de días, esta vez en el Materno Infantil de Coronel Oviedo, en un caso de supuesta negligencia médica. El padre del bebé explicó que su esposa seguía los controles prenatales en dicho hospital, y que el médico tratante había establecido el parto por cesárea; sin embargo, asegura que las enfermeras insistieron en un parto normal porque, al parecer, no había anestesiólogo.

“En vez de que te den tu bebé en brazo, te dan un acta de muerte. Este es Paraguay, este es el gobierno, esta es nuestra realidad”, lamentó el padre del bebé fallecido en Coronel Oviedo.

Para completar esta suerte de memorial de agravios, hace dos días el techo y parte de la pared de la Unidad de Salud Familiar de la compañía Hugua Po’i de Yaguarón se derrumbó.

El Puesto de Salud es atendido por dos enfermeras que ofrecen servicios de vacunación, curaciones y planificación. Un día a la semana acude una doctora que realiza consultas médicas. El local había sido construido en un terreno donado por uno de los pobladores, y era utilizado para los primeros auxilios de los habitantes de la compañía.

La situación de la salud pública es ya insostenible. Así también es intolerable la falta de asunción de sus responsabilidades por parte de las autoridades y los funcionarios.

Frente a hechos que se han hecho conocidos, denuncias y testimonios de padres que perdieron a sus bebés por las deficiencias del sector público, e historias de comunidades carentes de infraestructura, servicios, y sufriendo sistemáticamente carencias, resulta insultante el silencio del presidente de la República, la indiferencia de la ministra de Salud y la complicidad de todo un Parlamento que va camino nuevamente a no cuestionar a los amigos del poder, sin importar que por la mala gestión sigan muriendo bebés recién nacidos. No se puede seguir tolerando que ante hechos trágicos que pudieron haber sido evitados, las culpas terminen cayendo del lado de funcionarios sin poder de decisión.

Quienes gobiernan deben recordar que su razón de ser es la administración de un país para dar bienestar a los gobernados. Tampoco deben olvidar que el derecho a tener una calidad de vida y una vida digna están consagrados en la Constitución Nacional. ¡Basta de populismo de impunidad!

Más contenido de esta sección
La política fiscal es parte fundamental del contrato social. La ciudadanía se compromete a pagar impuestos para financiar los bienes y servicios que necesita y a los que tiene derecho y el Gobierno, junto con el sector público, se compromete a gestionar esos recursos con eficiencia y equidad. Estos compromisos se concretizan en la política fiscal. Las evidencias muestran la mala calidad del gasto y la necesidad de recurrir al endeudamiento público derivado del déficit. Una parte del déficit debería ser resuelta mejorando el uso de los recursos públicos.
La realidad de colapso del tránsito que se vive en la calle cotidianamente resulta ya intolerable. Trasladarse de un punto a otro requiere de aceptar irremediablemente la demora de varias horas, debido a que el parque automotor ha crecido exponencialmente superando ampliamente a la infraestructura en calles y avenidas. Las autoridades del Gobierno y las municipales tienen la obligación de resolver este problema que claramente demanda inversión y planificación. Necesitamos urgentemente un sistema de transporte y movilidad.
Tras la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Paraguaya, los obispos expresaron su preocupación por “la crisis y el escándalo” que afecta a los tres poderes del Estado, ante las denuncias de tráfico de influencias y el poder del narcotráfico. Que la corrupción logre socavar nuestro sistema democrático es también otro motivo de preocupación, frente a manifestaciones de retroceso que se ven a diario. No se puede permitir que la corrupción, la impunidad y el crimen organizado sigan echando raíces en nuestras instituciones.
Las carencias y las improvisaciones volvieron a marcar el inicio de un nuevo año escolar en las instituciones públicas. El programa insignia del Gobierno de Santiago Peña, Hambre Cero, enfrenta tropiezos y sigue mostrando improvisaciones. Como cada año, surgieron problemas en la entrega de los kits escolares, sumados a la preocupante normalización de la precariedad en la infraestructura de escuelas y colegios. Es inaceptable que la solución a los problemas de la edu-cación en Paraguay siga postergándose. Las necesidades de los niños no pueden esperar.
La Justicia paraguaya enfrenta un importante desafío. No se trata solamente de que las víctimas de lo que actualmente se conoce como la mafia de los pagarés reciban justicia, sino de que todo el sistema judicial logre estar a la altura de la situación. Con demasiada frecuencia se puede observar la manera en que las mismas víctimas deben manifestarse ante las autoridades para formular sus reclamos. Urge celeridad y mayor respeto a aquellas personas que tanto han sido perjudicadas. Necesitamos que la Justicia sea rápida, justa e independiente.
Exactamente con la misma progresión en que se desvelan las miserias de las carencias en nuestra salud pública, surgen al mismo ritmo los groseros privilegios que siguen siendo distribuidos en el Parlamento. Definitivamente no puede ponerse en duda la generosidad de la clase política en el momento de repartir el dinero público entre allegados, familiares, recomendados y afines políticos. Mientras en el país faltan recursos para habilitar terapias neonatales, bachilleres con “conocimientos empíricos” ocupan cargos con jugosos salarios.