La deuda pública sigue generando debate debido a su ritmo de aumento y a la falta de resultados después de más de una década de promesas. Paralelamente, se observan presiones por parte de algunos ministerios por aumentar el gasto y con ello la deuda. No hay un esfuerzo por realizar las reformas necesarias para aumentar la calidad del gasto ni la equidad tributaria, de manera que los costos de la deuda se distribuyan de manera justa entre quienes se beneficiaron realmente de ella. Por lo tanto, los riesgos del endeudamiento público están aumentando.
La niñez y la juventud actual deberán pagar una deuda que no les benefició ni les aumentó la productividad necesaria. No solo eso, sino que el pago de la deuda ya está significando montos mayores a la inversión en salud, lo que explica en parte el importante déficit de financiamiento en este ámbito en Paraguay, siendo este problema uno de los de mayor preocupación ciudadana.
Una de las consecuencias de la baja prioridad fiscal de la salud es el endeudamiento de los hogares. Es cada vez mayor el porcentaje de personas de 15 años o más con deudas por gastos médicos. Los datos del Banco Mundial señalan que este porcentaje promedio pasó del 12% en 2011 al 17% en 2024, siendo las principales afectadas las mujeres. Este último año, el 21% de las mujeres estaban endeudadas por la necesidad de enfrentar los costos de una enfermedad.
En segundo lugar, como en todas las contrataciones públicas, la corrupción, las sobrefacturaciones, la mala calidad o la baja pertinencia de muchas obras terminan elevando sus costos, perjudicando a los contribuyentes tanto por el lado del pago como por la deficiencia de los servicios que se prestan. Por ejemplo, las rutas que se destruyen antes del tiempo previsto.
En tercer lugar, se observa que después de más de una década de endeudamiento, la matriz productiva permanece igual y con un escaso impacto positivo en los ingresos laborales y la calidad del empleo. Al contrario, los ingresos laborales, al crecer menos rápido que la inflación, vienen cayendo en términos reales desde el 2014. La calidad del empleo medida por el pago de cotizaciones a la jubilación tampoco ha mejorado. La informalidad del trabajo se mantiene por encima del 60% y en algunas ocupaciones con alto peso en el empleo supera el 80%.
En cuarto lugar, se verifica una baja ejecución presupuestaria, lo que encarece los costos del endeudamiento, ya que el sector público tarda más en terminar las obras, aumentando los costos financieros y del endeudamiento. A la ineficiencia en el uso de los recursos se agrega la lentitud en la ejecución, sumando otra forma de ineficiencia.
La información financiera del sector público señala que el país cuenta con unos USD 6.000 millones en préstamos aprobados, pero solo se desembolsaron unos USD 3.000 millones, lo que implica alrededor del 50%, es decir, más de la mitad de los recursos está sin utilizar.
A pesar de todo esto, nos seguimos endeudando y algunas autoridades piden, incluso, flexibilizar reglas fiscales para continuar el endeudamiento. Antes de continuar endeudando al país, las autoridades deben demostrar que los beneficios de las obras financiadas con endeudamiento público y el sacrificio que hace la ciudadanía al enfrentar los costos de oportunidad valen la pena.
Hay indicadores para demostrar eso, ya que en la práctica y en la vida cotidiana no se están viendo los resultados, tal como se verifica en una reciente encuesta que muestra la desaprobación a la gestión del MOPC, una de las instituciones más beneficiadas con el aumento del presupuesto financiado con deuda.
