Las encuestas son parte del panorama electoral y siempre generan polémica. Algunas objeciones más visibles son políticas, especialmente respecto a su interés en posicionar o bajar candidaturas o instalar expectativas de éxito. Las críticas técnicas, menos comunes, son respecto al diseño, tamaño de la muestra, ponderaciones y el tipo de entrevista.
Un cuestionamiento común es que no coinciden con el resultado final. Conviene aclarar que las encuestas pueden estar bien o mal hechas, pero su calidad no puede medirse únicamente por la cercanía a los resultados de las urnas. Si fueron hechas semanas antes miden las preferencias del momento. En ese lapso pudieron pasar cosas. Acertar no parece ser la mejor medida respecto a su calidad.
Las polémicas sobre este punto motivaron en el pasado intentos de regulación. En 2018, el Congreso aprobó un proyecto que planteaba un ranking de encuestadoras según su cercanía con los resultados finales. El Ejecutivo lo vetó totalmente. Aunque la iniciativa tenía aspectos razonables de transparencia y financiamiento, también generaba objeciones a la libertad de expresión y avanzaba de forma intervencionista sobre quiénes podían hacer las encuestas, los procedimientos válidos y el rol del TSJE.
Está claro que las encuestas se usan políticamente. Las candidaturas publican mediciones favorables para mostrar su crecimiento, atraer fondos a la campaña o ganar espacio mediático. Con el mismo propósito, guardan los datos que no les favorecen. Todo esto se entiende dentro de la estrategia electoral. Pero no nos dice mucho sobre la calidad de las encuestas.
Saber quién pagó la encuesta es importante, aunque no nos dice si es buena o mala. Pero ayuda a leerla mejor. El problema principal es cuando no hay información básica, no se sabe quién la encargó y la ficha técnica aporta tan poco que resulta difícil evaluar cómo fue realizada. Bastante distinto es cuando los datos son derechamente manipulados para desinformar. Ahí la competencia se vuelve más desigual.
También se discute el grado de influencia. Algunos apuntan a efectos sobre el voto estratégico, la viabilidad de las candidaturas o conseguir fondos para la campaña. Otros muestran impactos más limitados, que no son uniformes ni automáticos. Aun así, la influencia no es un problema en sí mismo. Las campañas se tratan de persuasión, uso de información y competencia por instalar narrativas favorables.
El Código Electoral prohíbe la publicación quince días antes de las elecciones y exige una ficha técnica. La primera tuvo una aplicación accidentada por recursos judiciales. La segunda existe, pero su contenido no está desarrollado. En otras latitudes, se ensayaron regulaciones sobre la publicación, más exigencias de información y también se dan prácticas de autorregulación, impulsadas por los propios medios de comunicación y empresas.
El punto, por lo tanto, parece estar menos en la oposición entre regular o no, que en qué condiciones permiten una mayor transparencia sobre las encuestas que circulan públicamente. Aquí aparece el principio de máxima transparencia como un criterio razonable. No evita la manipulación de las encuestas ni sus usos ilegítimos, pero permite, dentro de la disputa democrática, saber quién pagó, cómo se hizo y cuándo. Igualmente, entrega a la ciudadanía mejores elementos para interpretarla, discutirla y, cuando corresponda, cuestionarla. Finalmente, tampoco conviene dejar de considerar que una mala regulación, especialmente dada la baja calidad de representación, puede generar tantos problemas como aquellos que pretende resolver.
